Aprobada una iniciativa en el Congreso contra el decreto de exclusión sanitaria
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Varios diputados y varias diputadas levantan su mano para votar.
Redacción Médica.
Imagen del momento de la votación.


REDER valora positivamente esta Proposición No de Ley para derogar parcialmente el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril

La Comisión de Sanidad aprobó el pasado martes una Proposición No de Ley presentada por Unid@s Podemos que pide al Gobierno derogar parcialmente la reforma sanitaria vigente desde hace cinco años para recuperar una única cartera de servicios sanitarios. Esta iniciativa – que salió adelante con el único voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos – hace frente a una de las principales preocupaciones planteadas por la Red de Denuncia y Resistencia ante el Real Decreto Ley 16/2012 (REDER), en relación con las diferencias territoriales que esta normativa generó en la cobertura sanitaria entre las distintas comunidades autónomas.

Las entidades que forman parte de REDER, entre las que está Médicos del Mundo, valoramos de forma positiva la aprobación de esta Proposición No de Ley como un esfuerzo más para poner fin a la injusticia provocada por el Gobierno desde 2012.

No obstante, se mantiene una doble preocupación. Por un lado, el carácter no vinculante de la iniciativa hace suponer que no va a servir para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy modifique una normativa que lleva cinco años defendiendo a ultranza, a pesar de sus graves consecuencias sobre la salud de las personas.

Por otro lado, esta PNL no aborda la cuestión clave de la universalidad del sistema de salud. Recordemos que la reforma sanitaria de 2012 excluyó de la atención normalizada a cientos de miles de personas extranjeras que, a pesar de vivir y trabajar en España, se encontraban en ese momento en situación administrativa irregular.

Esfuerzos a favor de una sanidad para todos y todas

En los últimos meses hemos asistido a varios intentos para cambiar esta situación. Así, el pasado mes de octubre el grupo socialista planteó una Proposición de Ley sobre universalización de la asistencia sanitaria que fue vetada por el Gobierno. Más recientemente, el pasado 5 de mayo, la Junta del Principado de Asturias presentó en el Congreso una iniciativa similar, que es de temer que corra igual suerte que la primera.

Limitando los derechos humanos: el sorprendente papel del Tribunal Constitucional

Más allá del empecinamiento del Gobierno a la hora de desoír a la mayoría parlamentaria que exige el fin de la exclusión sanitaria, resulta igualmente descorazonador el apoyo que dicha política ha recibido del Tribunal Constitucional. La sentencia de este órgano de finales de julio en la que declaraba la constitucionalidad del RDL desestimando el recurso presentado por el Parlamento de Navarra ha sido seguida por una resolución idéntica el pasado 7 de abril, esta vez contra la Junta de Andalucía. Estas sentencias – que lejos de ser unánimes cuentan con tres votos particulares cada una – contradicen opiniones previas del propio Tribunal, que había declarado que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas […], así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Es además muy preocupante que el TC no tenga en cuenta las obligaciones de protección de los derechos humanos contraídas por el Estado Español al suscribir diversos tratados internacionales y muy especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, prohibiendo asimismo las medidas de carácter regresivo.

Por todo ello, desde REDER exigimos:

  • A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.
  • Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
  • Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.
  • A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud.

 


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