por Adrián Corral, ex trabajador de la SCS y actual voluntario del grupo estatal de drogas
Desde hace ocho años y como parte de las políticas de reducción de riesgos, en la sala de consumo supervisado de drogas de Médicos del Mundo en Bilbao se ofrece fundamentalmente un espacio para el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en condiciones más seguras a personas usuarias de dichas sustancias y que están en situación o riesgo de exclusión social.
La exclusión sufrida por muchas de las personas usuarias de la sala es, en parte, la misma que puede observarse en otros lugares. Debido a una larga historia de falta de recursos de todo tipo o graves dificultades sobrevenidas, una persona pierde el contacto con los servicios a los que todos tenemos derecho como parte de la sociedad. Se trata de la exclusión que una persona puede sufrir al margen de si es o no usuaria de drogas ilegales.
En la sala dicho trabajo consiste fundamentalmente en identificar necesidades mediante el contacto diario con las personas usuarias y realizar derivaciones a los recursos socio-sanitarios correspondientes.
Pocas personas no estarían de acuerdo con la necesidad de combatir esta exclusión. Pocas pero poderosas.
Con la mayoría de las 35 mayores empresas de España operando en paraísos fiscales; con un sistema de impuestos mediante el cual en lugar de dar más en proporción quienes más tienen –como marca la constitución–, ocurre exactamente al revés; con cifras absurdas inyectadas a los mismos bancos que tras quedarse con la vivienda garantía del préstamo desahuciando a una familia la mantienen endeudada; en la sala, como en tantos otros recursos, nos dicen que es el famélico quien debe apretarse el cinturón. Año a año se recortan más y más los presupuestos y un proyecto que debería crecer y mejorar hace equilibrios por mantenerse a flote.
¿Hay en la sala de consumo algo más que decir acerca de la exclusión? ¿Existe alguna forma de exclusión específica a las personas usuarias de sustancias psicoactivas ilegales? Para responder a esta pregunta, tratemos de pensar en la imagen que, quién más quién menos, tiene de una persona con una larga historia de abuso de drogas y un grave deterioro asociado a la misma.



Tiende a pensarse que simplemente las sustancias psicoactivas ilegales son muy dañinas y adictivas; por ello, se dice, no es sorprendente que el deterioro bio-psico-social de quien abusa de drogas ilegales acabe siendo enorme. Desde luego, los riesgos asociados al consumo de drogas ilegales no son de ningún modo despreciables, muy al contrario, a menudo, son muy graves y, en ocasiones, hasta mortales. Pero no es eso todo lo que está en juego.
Antes incluso de decidir usar la sustancia, la potencial persona usuaria encuentra dificultades para informarse acerca de sus efectos, mejores estrategias de administración… El mismo hecho de preguntar puede acarrearle problemas, pero incluso allí donde sí encuentra información ésta es a menudo contradictoria e incompleta (en la calle pero también por parte de los profesionales). Si finalmente decide comprar el producto, la persona usuaria no tiene forma de conocer con seguridad su composición (que rara vez contiene sólo la sustancia deseada y a menudo la contiene sólo en una pequeña proporción). Las garantías higiénicas brillan además por su ausencia; la sustancia se ha elaborado sin controles higiénicos, se ha adulterado sin control higiénico o de salubridad con distintos elementos, ha pasado sin ningún control por distintas manos y hasta por distintos puntos del sistema digestivo de distintas personas. La sustancia es desorbitadamente cara, como ocurre con todo producto cuya comercialización se deja exclusivamente en manos de la mafia.
Por otro lado, la persona usuaria es consciente que, de cara a buena parte de su entorno, el consumo debe ser una actividad oculta. También con respecto a las fuerzas del orden su relación es conflictiva; el consumo en espacio público está penado, así como la tenencia ya desde cantidades suficientes sólo para el autoconsumo (contrariamente a una creencia extendida).
Si la persona usuaria tiene la sensación de que el consumo se le va de las manos y busca ayuda profesional, ésta tiene todas las papeletas para estar orientada hacia la abstinencia total del uso de esa sustancia, en muchos casos, el abandono del consumo será incluso un requisito desde el inicio del tratamiento; puede que le ofrezcan el uso de otras drogas recetables legalmente como apoyo o sustituto, casi nunca hasta ahora en nuestro país se le ha presentado desde el ámbito profesional a ninguna persona usuaria la posibilidad de continuar de una forma más o menos regulada el uso de esa sustancia que había encontrado que mejoraba su calidad de vida en este o aquel sentido.
Falta de control de calidad, salubridad y hasta de naturaleza. Dificultad para conseguir información acerca de efectos positivos y negativos. Precio desorbitado. Carácter oculto con respecto al entorno. Opciones terapéuticas orientadas rígidamente al abandono repentino y absoluto del uso de la sustancia. Todos ellos problemas derivados de otros dos que suelen considerarse paralelos pero están realmente en la raíz: la censura moral y la persecución legal. Hay pues una exclusión asociada específicamente al uso de drogas ilegales, ejercida específicamente sobre la persona usuaria de drogas ilegales, sufrida desde el mismo momento en que comienza a considerar el uso de una sustancia. Ejercida por el propio sistema.



Efectos de la exclusión
¿Los efectos de esa exclusión específica? Los datos que nos llegan de lugares donde sí se facilita el uso de determinadas sustancias aquí ilegales (notablemente la heroína) de modo terapéutico apuntan claramente a que una notable proporción del deterioro psico-social y hasta del físico achacada tradicionalmente al efecto químico de las sustancias queda tanto más eliminada cuanto más se elimina esa exclusión sistémica mediante la administración terapéutica de la sustancia escogida por la persona usuaria. Las personas con una historia de consumo a quienes se suministra heroína con control de calidad y bajo control médico muestran un mucho menor deterioro físico y una mucho mayor facilidad para ‘normalizar’ su vida en otros aspectos. En el peor de los casos, está ampliamente demostrado que un tratamiento por abuso de drogas es tanto más eficaz cuanta más flexibilidad muestra para adaptarse a las elecciones de la persona usuaria.
Durante más de ocho años, la sala de consumo supervisado ha paliado los efectos de la exclusión, de carácter general o específico, sobre las personas usuarias de drogas ilegales. Pero es descorazonador ver cómo los recursos escasean cada vez más para los necesitados mientras poderosos cebados los acumulan más y más por pura compulsión. Y es descorazonador ver cómo con el fenómeno de uso drogas presente desde siempre y sin visos de desaparecer, con cada vez más muertes y más sufrimiento en los países productores, con la ambición económica y de poder como únicas bases demostradas para la guerra contra la droga, a los/as profesionales se nos sigue encargando emplear unas migajas en poner parches y empujar bajo la alfombra un problema que sí, en parte procede de los riesgos inherentes a ciertas sustancias; sí, en parte procede de la confusión y fragilidad de las personas usuarias; pero en una parte intolerable está demostrado que procede de la confusión moral de quienes afirman poder decidir por todos qué hábitos son lícitos y cuáles no, por la inercia moral de quienes se lo toleramos, y por la ambición sin escrúpulos de quienes se benefician en dinero y poder de la cruzada contra la droga.