Alerta por la desprotección de cooperantes, víctimas de trata y niñas en peligro de sufrir mutilación genital si el Senado ratifica la reforma de la justicia universal

Madrid, 10 de marzo de 2014.- Ante la previsible aprobación de la reforma de la justicia universal que se tramitará mañana en el Senado, advertimos de la desprotección en la que se pueden encontrar miles de niñas que residen en España, pero que proceden de países donde se practica la mutilación genital femenina (MGF).

Se estima que casi 17.000 niñas menores de 14 años correrán el riesgo no solo de que mutilen sus genitales, sino también de que este acto no sea castigado, según datos del Mapa de la MGF en España 2012, A.Kaplan.

Por ello, desde Médicos del Mundo nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios solicitándoles que incluyan explícitamente esta mutilación como una práctica perseguible por la justicia española, aunque se cometa durante estancias de las familias de las niñas en el extranjero.

La actual protección ante la Mutilación Genital Femenina

La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer los hechos cometidos por personas españolas o foráneas fuera del territorio nacional y recoge los delitos relativos a la MGF, siempre que los responsables se encuentren en España. Esto posibilita la persecución extraterritorial de esta práctica cuando la comisión del delito tiene lugar en el extranjero, ya que en la mayoría de los casos se lleva a cabo aprovechando viajes a los países de origen de las familias que residen en España.

En la proposición de modificación de la citada ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la MGF ya no se menciona expresamente como uno de los delitos perseguibles extraterritorialmente. En Médicos del Mundo consideramos que, al no estar expresamente citada, se creará inseguridad jurídica.

Cuando la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de 2013 recoge expresamente actuaciones para prevenir la mutilación genital y cuando el propio gobierno aprobó hace apenas un mes una declaración institucional comprometiéndose a tomar medidas para su erradicación, no se entiende por qué se evita ahora mencionarla explícitamente entre los delitos perseguibles fuera de nuestras fronteras.

Aunque desde Médicos del Mundo apostamos por la prevención como la mejor herramienta para luchar contra la MGF, la amenaza de sanción es sin duda un elemento disuasorio esencial para lograr avances reales, puesto que supone un respaldo para los progenitores de las niñas a la hora de hacer frente a la presión familiar cuando retornan temporalmente a sus países de origen, donde las niñas sufren el mayor riesgo de ser sometidas a mutilación.

Impunidad para los responsables del asesinato de cooperantes

Por otra parte, la limitación de la justicia universal en España alejará la posibilidad de hacer justicia con víctimas de genocidios como el de Ruanda, entre ellas los cooperantes de Médicos del Mundo Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña, asesinados en el país africano en 1997. Interpretamos la reforma legislativa como una negación del derecho a la justicia para las víctimas y sus familias.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantiene abierta la causa contra el general -y presunto genocida- Kayumba Nyamwasa, procesado por la muerte del religioso catalán Joaquim Vallmajó en 1994 y la de los tres miembros de Médicos del Mundo, asesinados tres años después.

El juez considera que Nyamwasa habría "decidido, ordenado y supervisado el asesinato" de Sirera, Madrazo y Valtueña al haberse convertido en testigos incómodos de una matanza de hutus en Ruhengeri (norte de Ruanda).

El asilo que le concedió el gobierno sudafricano ha dificultado el avance de la investigación, pero sin duda ésta puede quedar definitivamente sobreseída si se aprueba esta limitación de la justicia universal.

Inseguridad para las víctimas de trata

Además, con el actual articulado de la propuesta legislativa, se teme también que muchas mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual queden también desprotegidas, puesto que el texto exige que las víctimas tengan residencia habitual en España para poder perseguir a sus tratantes, algo extremadamente difícil de demostrar, porque las mujeres afectadas suelen ser trasladadas de residencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras continuamente para asegurar su aislamiento y es habitual que las mantengan indocumentadas durante todo el tiempo que permanezcan en España para que sean más vulnerables a las coacciones.