Apelamos a la responsabilidad de la clase política a favor de un modelo sanitario universal y accesible

Las políticas de salud deben preservar su autonomía con respecto a las leyes de inmigración para poder conservar su eficacia en la atención sanitaria y evitar la vulneración del derecho a la salud.

Esta es una de las conclusiones que se recogen en la publicación que resume las presentaciones de la Mesa de Diálogo “Compartiendo experiencias para construir un modelo de salud universal y accesible”.

Este informe aborda las iniciativas que se están llevando a cabo desde algunas Administraciones Públicas, Autonómicas y Municipales, orientadas a reducir o eliminar las barreras que impiden el acceso al sistema sanitario por parte del colectivo inmigrante y que fueron analizadas en la Mesa de Diálogo que se celebró el pasado 15 de febrero en Toledo con el mismo título. En el encuentro se analizaron estas experiencias junto con el contexto que en el que se desarrollan.

Así, se puso de manifiesto que las Administraciones Municipales y Autonómicas tienen en sus manos la posibilidad de implementar medidas encaminadas a hacer efectivo el derecho universal a la salud que persigue nuestra legislación estatal actual. Prueba de ello son las prácticas que se expusieron en el encuentro, como programas de mediación intercultural, equipos de intervención y estrategias de adaptación de los servicios a la población inmigrante, entre otras.

Por este motivo, el informe será remitido en las próximas semanas a las instituciones responsables de políticas de salud y a los principales partidos políticos con representación parlamentaria, con el fin de demandar una mayor implicación de los poderes públicos para evitar que el espíritu universalista que inspira al sistema sanitario español resulte desvirtuado en la práctica.

El informe recoge, en este sentido, las siguientes conclusiones:

• Las administraciones locales y autonómicas tienen en sus manos la posibilidad de implementar medidas encaminadas a hacer efectivo el derecho universal a la salud que persigue nuestra legislación estatal actual. Prueba de ello, son las prácticas que se expusieron en el encuentro, como programas de mediación intercultural, equipos de intervención, estrategias de adaptación de los servicios a la población inmigrante, etc.
• Resulta fundamental el trabajo coordinado entre las administraciones autonómicas, entre éstas y el Gobierno Central, y en coordinación con las corporaciones locales, ONG y asociaciones de inmigrantes; así como explorar todas las posibilidades que ofrece el marco legal en materia sanitaria para mejorar la accesibilidad de la población inmigrante, incorporando acciones concretas dirigidas a la eliminación de las barreras existentes en el acceso a la salud.
• Una interpretación restrictiva de la ley puede dar lugar al desarrollo de acciones que desvirtúan la vocación universalista de la ley. Médicos del Mundo insiste en que las normas y prácticas que recortan el derecho universal a la salud traicionan el espíritu de la ley española y recortan los derechos básicos de los colectivos más vulnerables.
• El diseño de las políticas públicas, particularmente relativas a inmigración y salud, deben partir del un análisis realista de la situación. De ahí la importancia de llevar a cabo estudios más eficientes que evidencien y ayuden a combatir los estereotipos ligados a la población inmigrante y su falso abuso del sistema sanitario.

En Médicos del Mundo queremos, además, recordar que justamente es en los tiempos de crisis, cuando los colectivos más vulnerables deben ser tenidos en cuenta especialmente para evitar que las políticas de reducción de gasto tengan en ellos un efecto devastador. La pervivencia o el incremento de barreras en el acceso a la salud que apartan a un porcentaje de la población de las medidas de prevención y de tratamiento es contraria a una política de salud pública eficaz y puede ser, a la postre, más costosa para el sistema sanitario.

Por este motivo, las políticas de salud deben preservar su autonomía con respecto a las leyes de inmigración. La igualdad en el acceso a la prevención y a la atención médica para todas las personas que viven en España es, además de una cuestión de efectividad de la salud pública, un acto de justicia y de cumplimiento de los derechos humanos.