Condenamos la muerte de migrantes en Ciudad Juarez

Este hecho se suma a otros actos inhumanos y crueles en los que han perdido la vida personas migrantes guatemaltecas en el territorio mexicano, como lo fueron la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando Tamaulipas (2010); la de fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas (2011); la masacre en Cadereyta, Nuevo León; la de Güemez, Tamaulipas (2014); la masacre de Camargo (2021); la muerte de una persona de origen guatemalteca en el incendio de la Estación Migratoria en Tenosique (2020) y la muerte o desaparición de personas migrantes cotidianamente, estando todos los casos en total impunidad. 

A diferencia de estos casos, la muerte de las personas en la Estación Migratoria en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, está bajo la responsabilidad del Estado mexicano, quienes actuaron con negligencia y desprecio hacia la vida de las personas migrantes detenidas, lo que evidencia acciones de discriminación y racismo contra las personas migrantes.

Es inconcebible que el Gobierno de México promueva eufemismos al nombrar "albergues" o "estancias provisionales" para suavizar lo que a todas luces podemos ver hoy: son centros de detención, en donde la privación de libertad y maltrato están al orden del día, donde se han registrado la muerte de muchas personas migrantes reportados como actos de suicidios. Una cárcel cuyas estructuras y personal dejan mucho que desear, al no contar con rutas de evacuación, extintores o tan siquiera personal humanamente calificado para comprender la importancia de rescatar la vida sobre cualquier orden dictada por haber cometido una falta administrativa como lo es migrar de manera irregular. Han muerto personas solicitantes de asilo y refugio debido al procedimiento de encierro al que se les somete. Reivindicamos que la detención migratoria debe ser la excepción y no la norma.

Por otra parte, también hay que señalar la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos de América al promover e impulsar políticas de detención y deportación, así como, la externalización del control migratorio, la militarización y securitización de la migración en otros países de la región (México y Guatemala), los cuales han aceptado sin mayores problemas, contribuyendo al deterioro de los sistemas migratorios de protección, de asilo y de refugio en la región.

Esta es una muestra más de las acciones de abuso, violencia y muerte que viven miles de personas migrantes en un contexto de atracción y expulsión promovido por factores de empleabilidad y de securitización en los países de la región.

Como Grupo Articulador repudiamos estas prácticas que por más de una década se han cobrado vidas, especialmente de guatemaltecas y guatemaltecos indígenas que ante la nula capacidad del Estado Guatemalteco y de sus gobernantes de garantizar las condiciones para una de vida digna, deciden emprender el viaje en aras de su propio crecimiento y bienestar familiar.

Consideramos indignante la narrativa que ha posicionado el gobierno mexicano y guatemalteco en esta coyuntura, en donde culpabilizan a las personas migrantes como únicas responsables de su desgracia.

Exigimos al Gobierno de México:

• Aclare los hechos ocurridos y encuentre a los responsables en los distintos niveles para deslindar responsabilidades con el fin de que se haga justicia.
• Investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos hechos y, aplicar medidas de reparación y de resarcimiento integral a las personas migrantes víctimas, a las personas sobrevivientes y a sus familiares.
• Otorgar a los familiares de las personas migrantes fallecidas y heridas visas humanitarias para que puedan reconocer los cuerpos de las personas fallecidas o acompañar a los sobrevivientes.
• Garantizar la plena identificación de los cuerpos de las personas migrantes de acuerdo a los estándares internacionales, aceptando la participación de peritos independientes y actuar dignamente con la repatriación de los restos mortales al lugar de origen.
• Evitar errores del pasado, como la entrega de un cuerpo a una familia guatemalteca de manera equivocada.
• Generar una coordinación efectiva con el Gobierno de Guatemala para contar con información confiable y veraz para las familias de los damnificados.
• Hacerse cargo de los costos totales de repatriación de los cuerpos de guatemaltecos fallecidos en el siniestro, respetando usos y costumbres.
• Evitar la detención migratoria ya que debe ser una medida de último recurso y excepcionalísima, y no usarla como una medida automática y generalizada frente a la migración.
• Actuar decidida y contundentemente para la no repetición de actos de violencia en contra de las personas en cualquier condición de movilidad humana.

Al Gobierno de Guatemala:

• Defender y exigir al Gobierno mexicano el esclarecimiento de este acontecimiento y de las masacres de migrantes que aún siguen impunes, acompañando en el reclamo de justicia y de resarcimiento para los familiares de las personas fallecidas.
• Generar mecanismos ágiles de identificación y de documentación de las personas migrantes fallecidas y heridas en este incendio, facilitando la comunicación ágil y oportuna con las familias.
• Apoyar el traslado de los restos de las personas migrantes a sus comunidades y que puedan tener un sepelio digno de acuerdo a sus usos y costumbres.
• Coordinar interinstitucionalmente para asegurar a las familias y sobrevivientes el apoyo psicosocial y de acceso al trabajo y servicios garantizando una reparación digna.
• Discutir y construir un mecanismo de actuación regional con México y Estados Unidos de América (USA) con un enfoque de derechos humanos, generando protocolos de actuación coordinada entre países, así como fondos para contar con recursos para atender necesidades urgentes de repatriación, atención a familiares y derivación de responsabilidades a familiares de NNA que se quedan huérfanos.
• Actuar decidida y contundentemente para la no repetición de actos de violencia perpetrados en contra de las personas en cualquier condición de movilidad humana.

Es inaceptable que ante hechos ocurridos de este tipo, y en este caso cuando las personas migrantes están bajo el resguardo del Estado mexicano, se indique en declaraciones oficiales guatemaltecas que estos actos se deben por "migrar de manera irregular", hay que ser más responsables y exigimos no criminalizar a las personas migrantes.

Entidades firmantes:

Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala:
American Friends Service Committee -Oficina para Latinoamérica y el Caribe -AFSC-
Asociación La Alianza -ALA-
Asociación Pop No´j
Brenda Reyes
Casa del migrante “Scalabrini”-Guatemala. Misioneros de San Carlos Scalabrinianos
Comité Central Menonita -CCM- Oficina para Guatemala y El Salvador
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -FJEDD-
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-
Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas (Icesh) de la URL
Médicos del Mundo España
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-
Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Guatemala
Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI-
Red Jesuita con Migrantes de Guatemala
Simon Antonio