Contra la reforma sanitaria que puede costar vidas

La no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría afectar a la vida y a la salud de miles de personas. Así lo hemos denunciado Amnistía Internacional, Red Acoge y Médicos del Mundo, que hoy hemos entregado de forma simultánea en las Presidencias de las Comunidades Autónomas 59.146 firmas recogidas para solicitar que garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación y mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas.

Las tres organizaciones consideramos que la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas. Los recortes implican que las personas migrantes mayores de edad en situación irregular solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto. Implican también que personas españolas -como las mayores de 26 años que no hayan cotizado- verán dificultado su acceso al derecho a la salud, lo que, desde nuestro punto de vista, son medidas regresivas y discriminatorias.

El Real Decreto Ley 16/2012 va a dejar a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. La reforma va a suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos y va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico médicos para las miles de personas en situación administrativa irregular que residen en nuestro país.

Las consecuencias están siendo ya palpables. Como las que podría sufrir Aisha, una mujer marroquí que perdió su trabajo con la llegada de la crisis económica y con ello, el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años, cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora acude a revisiones cada dos meses, pero sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento. O Carmen, chilena en situación administrativa irregular, cuyos riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema público de salud no podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su tratamiento.

La reforma sanitaria vulnera obligaciones internacionales contraídas por España, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los Estados parte a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.

Advertencias internacionales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ya mostró en mayo su preocupación por el Real Decreto ley 16/2012, y ha recomendado a España que la reforma sanitaria adoptada no limite el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. El Comité también recomienda revisar las reformas adoptadas para garantizar que las medidas de austeridad no disminuyan el nivel de protección de los derechos alcanzados y sean en todos casos temporales y proporcionales.

Otros organismos de la ONU como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial o el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes han recordado que los Estados tienen obligación de garantizar el derecho a la salud para todas las personas, independientemente de su condición jurídica y de la documentación que posean.

Efectos sobre las personas más vulnerables

Las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden suponer graves restricciones para quienes sufran enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos o enfermedades mentales. Los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas, como ocurre también con las víctimas de trata. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.

Estas medidas de recortes de derechos, acompañadas de discursos utilizados por miembros del Gobierno y del Partido Popular que acusan a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud, pueden contribuir a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizan al mismo y pueden alimentar comportamientos discriminatorios y xenófobos.

La universalidad en el acceso al derecho a la salud

La reforma sanitaria, sin realizar mención alguna a esta ley, limita el acceso a la salud a las personas con consideración de “aseguradas y beneficiarios”, lo que supone un retroceso en la universalidad del acceso al derecho a la salud para las personas españolas residentes, garantizado por la Ley General de Salud Pública 33/2011.

El principio de universalidad en la atención sanitaria está contenido también en varios Estatutos de Autonomía (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña y País Vasco).

Aunque el Gobierno ha declarado su intención de revisar la legislación, con la actual normativa en vigor, uno de los colectivos que podría verse gravemente afectado por esta limitación de la universalidad son las personas que no han cotizado nunca a la Seguridad Social. Especialmente preocupante es la situación de los mayores de 26 años que, dada la altísima tasa de paro con la que cuenta la población joven, podrían no contar con asistencia sanitaria si disponen de un mínimo de recursos económicos. Un límite económico que el Real Decreto Ley 16/2012 no especifica.

Además, el copago farmacéutico provoca que pensionistas con rentas bajas no puedan afrontar con garantías y en su totalidad sus tratamientos y decidan por tanto suspenderlos. Habría sido preferible que el gobierno hubiera promovido un debate informado y una mayor participación social en esta reforma legal, puesto que es una reforma legislativa que afecta a los derechos humanos, entre ellos, la salud y la vida.

Las Comunidades Autónomas pueden y deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación. Y deben hacerlo sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo en colaboración con las organizaciones sociales que no garantice el mismo nivel de calidad y de prestaciones.

Más información sobre la acción de recogida de firmas en:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-reforma-sanitaria/
http://www.medicosdelmundo.org/ciberacciones/sanidaduniversal
http://www.redacoge.org/f/f