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Cuando las políticas migratorias cuestan vidas

Fotografía: Juan Medina / Médicos del Mundo

Cuando las políticas migratorias cuestan vidas

Esencial

Desde Médicos del Mundo rechazamos esta política de dejación de funciones por parte del Estado español. Externalizar las fronteras es sinónimo de externalizar el cumplimiento de los derechos humanos.

 

Ante los hechos que han tenido lugar en la valla de Melilla en la madrugada del 24 de junio y que han resultado en la trágica muerte de al menos 37 personas – 23 según fuentes oficiales y 37 víctimas según organizaciones humanitarias- que intentaban entrar en territorio español, si bien la cifra puede ser aún mayor, desde Médicos del Mundo condenamos rotundamente la actuación del gobierno español. 

La frontera entre Marrueco y España quedó cubierta de cuerpos exhaustos, inmóviles, de decenas de jóvenes que quedaron atrapados entre los muros y rejas del dispositivo de cruce fronterizo y que las fuerzas marroquíes iban sacando como si de objetos se tratase. Aquellas personas, la mayoría jóvenes, solo buscaban una salida para mejorar las condiciones de vida, oportunidades laborales o cómo poder ayudar a sus familias desde el vecino país.  

La represión ejercida contra las personas migrantes por parte de las autoridades marroquíes ha sido brutal. Los cuerpos y fuerzas de seguridad han debido protegerlas, pero en su lugar,  las han abandonado. Esta actuación es una consecuencia directa de la política europea y española de externalización de fronteras que traslada el control de sus bordes exteriores a terceros países a cambio de importantes ayudas financieras. Estos acuerdos no tienen en ninguna consideración los Derechos Humanos. De hecho, son habitualmente realizados con países cuyo récord en materia de Derechos Humanos es más que cuestionable. Las cifras de fallecidos, así como el trato humillante y degradante a las personas migrantes detenidas por la policía marroquí dejan buena constancia de ello. A la vista de estos hechos, resultan inadmisibles las declaraciones del presidente del Gobierno de España, felicitando a las autoridades marroquíes por su “extraordinario trabajo” ante un problema “bien resuelto”.  

Desde Médicos del Mundo rechazamos esta política de dejación de funciones por parte del Estado español. Externalizar las fronteras es sinónimo de externalizar el cumplimiento de los derechos humanos y de la observancia de las garantías materiales y procesales reconocidas en el marco del derecho comunitario, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por España. 

Asimismo, no debemos olvidar que la otra cara de la moneda de esta política de construcción de la “Europa fortaleza” es la ausencia de vías legales y seguras para que las personas puedan migrar a Europa sin jugarse la vida en el empeño. Así, por ejemplo, España cuenta con una oficina de asilo en la frontera con de Melilla con Marruecos, a la que paradójicamente no tienen acceso las personas de origen subsahariano. Por último, incluso aquellas personas que consiguen superar estos obstáculos y llegar a territorio europeo son tratadas como personas sin derechos a las que se les puede expulsar sin ningún tipo de garantía judicial (expulsiones en caliente) o, de conseguir eludir estos controles quedar condenadas a una vida de exclusión (sin derechos laborales, sanitarios, sociales, etc.). 

Por todo lo anterior, desde Médicos del Mundo exigimos: 

  • Que se lleve a cabo una investigación en profundidad sobre los hechos acontecidos la madrugada del 24 de junio en la frontera de Melilla y se esclarezcan y depuren responsabilidades. 
  • Poner fin a la externalización de fronteras que se traduce a su vez en una externalización de las obligaciones en materia de derechos humanos. Por ello, España debe asumir su responsabilidad en los puestos fronterizos para garantizar una migración segura, ordenada y regular que garantice y respete plenamente los derechos humanos de las personas desplazadas y ofrezca la protección adecuada y establecida normativamente según las distintas necesidades de protección y atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad.  
  • Que en las negociaciones en curso para un Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno español defienda una postura coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.