El eco de los aplausos en defensa de la sanidad se extingue en el Congreso

Tras más de dos meses de trabajo, con decenas de comparecencias de personas expertas y múltiples informes por parte de la sociedad civil, los grupos políticos “no han escuchado nada”, aseguran las organizaciones. “Resulta llamativo que, ante la magnitud de la crisis que hemos experimentado, el Dictamen sobre Sanidad y Salud Pública -al contrario que el resto de conclusiones de la Comisión- carezca de un diagnóstico inicial sobre el que se sustenten las medidas propuestas. No se pueden dar soluciones sin identificar las causas del problema”, añaden. 

La Comisión -señalan- “ha fracasado a la hora de evaluar las políticas sanitarias de la última década, marcadas por la austeridad y el impulso de modelos privatizadores”. En consecuencia, el Dictamen definitivo que deberá guiar las reformas necesarias del Sistema Nacional de Salud durante los próximos meses está marcado por la ambigüedad y la falta de compromisos explícitos en materias clave para garantizar una sanidad pública y universal de calidad. 

Aún quedan meses por delante para adoptar las medidas de refuerzo necesarias para devolver nuestra Sanidad al lugar que le corresponde como pilar fundamental del Estado Social, pero para ello es imprescindible una mayor audacia y compromiso por parte de nuestras políticas y nuestros políticos. 

• ¿Quieres ayudar en la lucha contra el coronavirus?
• Nuestra lucha contra el coronavirus continúa en España y en muchos otros países.

Sin compromisos claros en materia de financiación 

Ningún refuerzo de la sanidad es viable sin el consecuente respaldo económico. Sin embargo, el apartado referido a la financiación del Sistema Nacional de Salud destaca por su falta de compromisos específicos. En ese sentido, las organizaciones señalan que: 

• Vincular el aumento del presupuesto sanitario al PIB es un error. Las organizaciones firmantes consideran que este criterio es inadecuado, puesto que se expone a que en épocas de recesión suponga una importante disminución de la dotación presupuestaria. Por el contrario, apuestan por un criterio basado en euros, por persona y año, estableciendo como objetivo situarnos en el promedio de la UE a final de legislatura. En números absolutos, este aumento se traduce en 1000 euros más por persona/año respecto al gasto actual. 
• Se debería asignar un porcentaje del presupuesto en salud a áreas infradotadas. En concreto, un 25% del presupuesto público a Atención Primaria; un 2,5%, a Salud Pública; y un 2%, a investigación en salud. Tres áreas que han resultado esenciales en la actual pandemia. 
• El fondo de reconstrucción debería priorizar la contratación de personal de Atención Primaria y aumentar la creación de camas de media y larga estancia en centros de gestión pública. 

Garantizar la plena universalidad es urgente, más aun en tiempos de pandemia  

La Comisión contempla como un objetivo el refuerzo y consolidación de la universalidad de la atención sanitaria, pero sus conclusiones adolecen de dos importantes omisiones: 

• El carácter de urgencia de la medida: supeditar esta medida a un futuro Proyecto de Ley supone poner en riesgo la salud de muchas personas que siguen excluidas de la atención sanitaria. 
• Dar respuesta a la especial vulnerabilidad de las personas ascendientes reagrupadas. Es decir, incluir a las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, personas que, por su avanzada edad, constituyen un colectivo de riesgo ante la actual pandemia y que a día de hoy carecen de todo derecho a la atención sanitaria. 

La importancia de la prevención en la salud pública 

La actual crisis generada por la covid-19 ha puesto de manifiesto que en materia de salud pública también se debe actuar sobre aquellas condiciones sociales y materiales que ejercen de determinantes de la salud. En ese sentido, las organizaciones consideran imprescindible: 

• Promover la  coordinación de los servicios de salud pública con los servicios asistenciales. 
• Crear, potenciar y desarrollar un Observatorio del Sistema Nacional de Salud del SNS con especial énfasis en el análisis de desigualdades y el estudio de determinantes sociales. 
• Estimular la investigación en Salud Pública.
• Potenciar el Sistema de Información Sanitaria incorporando indicadores de resultados en salud. 
• Impulsar la estrategia de seguridad del paciente, las recomendaciones “No hacer” y la excelencia clínica. 

Faltan medidas sobre política farmacéutica, producción pública y propiedad intelectual en I+D en salud 

Tanto en materia de política farmacéutica como en lo referente a propiedad intelectual en la investigación y desarrollo de medicamentos, la Comisión de Reconstrucción ha perdido la oportunidad de profundizar en muchos cambios que son urgentes si se quiere asegurar el acceso y la asequibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias. Se echan de menos: 

• El compromiso para poner en marcha la necesaria reforma de los procesos de fijación de los precios de los medicamentos —especialmente en aquellos más novedosos y caros—. 
• Las medidas que contengan el aumento del gasto farmacéutico, especialmente el hospitalario. 
• Propuestas concretas para impulsar la producción pública de fármacos y tecnologías sanitarias más allá de las terapias avanzadas.  
• Una ciencia abierta y una innovación con licencias abiertas, no exclusivas y que los datos sean compartidos. Solo así, los posibles medicamentos o vacunas que se han desarrollado con inversión pública podrán ser accesibles para todas las personas que los necesiten, sin la barrera que supone a día de hoy la propiedad intelectual.

No existen previsiones para proteger el SNS frente a las privatizaciones 

• ¿Quieres ayudar en la lucha contra el coronavirus?
• Nuestra lucha contra el coronavirus continúa en España y en muchos otros países.

La pandemia ha evidenciado la necesidad de aumentar los recursos de los centros sanitarios de gestión pública, dado que han sido estos los ámbitos asistenciales sobre los que ha pivotado la gestión clínica de la misma. “Esta descapitalización del sector público no solo es consecuencia de los recortes presupuestarios de la última década, sino también por la apuesta por modelos privatizadores que derivan una importante parte de los escasos recursos hacia el sector privado. Estos modelos no solo se han demostrado más ineficientes que la gestión pública directa, también profundizan en la inequidad, debilitando el derecho a la protección de la salud de todas las personas”. 

Ante esta situación, estas organizaciones solicitan que:  

• Se garantice la finalización de las privatizaciones de centros y servicios sanitarios, y se establezcan sistemas que garanticen la evaluación de los procesos privatizadores. 
• El estricto control del cumplimiento de los contratos y concesiones. 
• Una legislación que favorezca la recuperación de lo privatizado y un calendario para llevarla a cabo. 

Organizaciones firmantes:  

Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria -FAECAP, FACUA, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos -CEAV.