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El descenso del presupuesto de Cooperación amenaza a más de un millón y medio de personas

Un miembro del personal sanitario de Médicos del Mundo en Senegal realiza un test rápido de VIH/Sida.

El descenso del presupuesto de Cooperación amenaza a más de un millón y medio de personas

El próximo viernes 15 de julio, la Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo convoca una rueda de prensa delante del Parlamento de Catalunya para anunciar nuevas medidas contra el intento del Gobierno de desmantelar la solidaridad.

La Confederación Catalana de ONG por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo aleta de que el recorte en cooperación, uno de los más drásticos de todo el presupuesto del 2011, pasa de 49 millones aprobados en el 2010 a 22. Esta decisión del Gobierno convierte a Catalunya en la región europea que menos invierte en solidaridad y a la cola de las comunidades autónomas del Estado Español.

Este recorte, que resulta insignificante si consideramos la deuda acumulada por la Administración catalana (ya que supone un “ahorro” de 30 millones de euros frente a los 2.700 millones de euros de déficit previstos en los presupuestos de 2011) o lo que deja de ingresar el Gobierno por las sucesivas reducciones del impuesto de sucesiones (entre 157,8 y 800 millones de euros según diferentes fuentes), puede significar que la ayuda deje de llegar a más de un millón y medio de personas de las comunidades beneficiarias de los países empobrecidos, además de revertir negativamente en nuestra sociedad.

El papel de las ONG y de la política pública de Cooperación en una responsabilidad como país. El Estatut d’autonomía de Catalunya explicita en su Preámbulo el firme compromiso de Catalunya con todos los pueblos “para construir un orden mundial pacífico y justo”. Y es ésta la labor de las ONG que trabajan en cooperación, paz y derechos humanos: luchar para construir un mundo más pacífico y justo, en Catalunya y el resto del mundo.

Con la excusa de la crisis, el Gobierno no solo incumple los compromisos aprobados por la Ley de Cooperación del 2011 sino los acuerdos suscritos en el seno de la ONU. Las ONG creen que la Ayuda Oficial al Desarrollo es una cuestión de justicia, de reparación del impacto de la acción de los países ricos en el Sur, de restitución delante de las deudas ecológicas, sociales y culturales que se han contraído con los pueblos ahora empobrecidos, además de responder a acuerdos internacionales de más de 30 años que se han suscrito.

A través de la ayuda de emergencia, los proyectos de Cooperación y de Educación para el Desarrollo, y gracias a los recursos públicos de Cooperación, se ha dado soporte a comunidades y pueblos empobrecidos, pero también a campañas de Sensibilización y Educación en Catalunya. Muchos de los temas planteados por el movimiento 15-M han sido trabajados y denunciados por las ONG en su dimensión internacional, desde la deuda externa a la especulación financiera o la sobreexplotación de los recursos naturales, demostrando que estas problemáticas afectan a toda la población y tienen causas comunes.

Con el dinero de la cooperación muchas ONG han creado conciencia de cómo nuestro modelo de consumo puede suponer impactos económicos o ambientales en otros países, o han trabajado en la búsqueda de alternativas para paliar las consecuencias de la deuda externa en muchos países empobrecidos. También han denunciado la falta de voluntad política para resolver el problema de sobreendeudamiento o el carácter ilegítimo y antisocial de esta deuda. Las ONG están seriamente preocupadas porque se quiera reducir el impacto de este trabajo de concienciación de la ciudadanía a favor de otro modelo económico y político global, en lugar de poner en valor la experiencia acumulada.

De igual forma, a las organizaciones les preocupa la voluntad del Gobierno de beneficiar la participación del sector privado en la Cooperación en detrimento de las ONG. Así lo prevé la Ley de acompañamiento a los Presupuestos, que incluye una enmienda para que las entidades con ánimo de lucro puedan ser receptoras de fondos públicos de la solidaridad. Las ONG avisan del peligro de privatización y que las empresas adquieran un mayor papel en la orientación y la gestión de la cooperación, ya que podría suponer condicionarla a las necesidades e intereses (comerciales y de imagen) de las empresas y reducir el control que realizan las ONG sobre el uso de los fondos públicos.

Las medidas del Gobierno pueden hacer tambalear un modelo de cooperación catalana que ha crecido y evolucionado tanto cuantitativamente como cualitativamente, y que está en sintonía con la cooperación del resto de países europeos.