El peligro (literal) de la reforma sanitaria

Daniela* nació en Brasil hace 40 años. Fue operada de cáncer de pecho el año pasado y recibió quimioterapia y radioterapia. El equipo médico que la trata coincide en destacar que tanto el tratamiento como la medicación que está tomando han sido claves para que el cáncer no reaparezca. Sin embargo, Daniela está preocupada. Tiene citas pendientes en oncología, cirugía plástica y ginecología, pero el 1 de septiembre perderá la tarjeta sanitaria ya que carece de permiso de residencia.

Abdel tiene leucemia. Llegó hace seis años de Marruecos y está en situación irregular. Una vez a la semana, se acerca al centro de Médicos del Mundo en Málaga. Allí recibe ayuda para una medicación costosa y muy prolongada.

María es uruguaya. Hace unos meses le diagnosticaron quistes en el pecho y le indicaron un estricto seguimiento y una posible operación de extracción si fueran dolorosos o crecieran de tamaño. María tenía concertada cita en consultas externas de Cirugía, pero apenas tres días antes recibió una llamada del centro indicándole que tendría que pagar la consulta a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012. Su ‘delito’: carecer de NIE (número de identidad de extranjero).

Daniela, Abdel y María ponen rostro a centenares de personas inmigrantes en situación administrativa irregular enfermas de cáncer que dejarán de recibir seguimiento, tratamiento y medicación. A partir del 1 de septiembre, sólo podrán ser atendidas en urgencias lo que redundará en un diagnóstico tardío (con las complicaciones que conlleva en casos como los de Abdel y Daniela) y ocasionará obstáculos casi insuperables para recibir tratamiento, seguimiento, acceso a especialistas, etc…

Entre todos los recortes sanitarios que plantea la reforma de la Sanidad, la eliminación del derecho a la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular es la que tiene consecuencias más graves, en algunos casos irreversibles.

La retirada de tarjetas sanitarias a inmigrantes en situación irregular va a poner en peligro la vida de miles de personas. Además de suponer la interrupción de tratamientos y seguimientos va a significar la imposibilidad de acceder a la medicina preventiva y a diagnóstico.

Sin embargo, todavía estamos a tiempo de detener esta vulneración del derecho a salud. Las Comunidades Autónomas pueden y deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin discriminación. Y lo pueden hacer sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo que no garantizaría el mismo nivel de calidad y de prestaciones para todas las personas que residan en España.

Con este objetivo, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge han puesto en marcha una campaña para solicitar a las Comunidades Autónomas que no adopten medidas regresivas en el acceso a la salud, mantengan la asistencia sanitaria para todas las personas y aseguren el acceso universal al sistema sanitario público.

Esta ciberacción pretende sumar adhesiones y dirigir miles de cartas a las presidencias de las Comunidades Autónomas para que no excluyan a las personas inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria. No podemos permitir que ni un solo caso como los de Daniela, Abdel y María quede sin atención.

*Todos los nombres han sido modificados para mantener la confidencialidad de las personas mencionadas en este artículo.