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España se examina ante la ONU por su trato a las personas migrantes

Fotografía: Ignacio Marín / Médicos del Mundo.

España se examina ante la ONU por su trato a las personas migrantes

Madrid, 6 de julio de 2021.- Las políticas migratorias españolas deben modificarse para respetar plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y son actualmente insuficientes para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto es lo que concluye el informe elaborado por Alianza por la Solidaridad, Asociación Rumiñahui, Convive - Fundación Cepaim, la Coordinadora d’Associacions Senegalesas de Catalunya (CASC), Médicos del Mundo y Red Acoge, hecho público hoy.
Esencial
  • Un informe elaborado por organizaciones de sociedad civil advierte de que las políticas migratorias y fronterizas del Estado español no se ajustan a los principios recogidos en el Pacto Mundial para la Migración y realizan una serie de recomendaciones para mejorarlas.
  • Ante la presentación del informe de progreso para el cumplimiento del Pacto Mundial para la Migración, el próximo 15 de julio, las entidades creen que el compromiso real del Gobierno con dicho pacto es una asignatura pendiente en la Agenda 2030 de España.
  • Revertir la externalización de fronteras, modificar la Ley de Extranjería para avanzar en la integración laboral y social de las personas migrantes y superar definitivamente la exclusión sanitaria, entre las peticiones de las organizaciones.

Las entidades denuncian que España ha incumplido los compromisos del Pacto Mundial para la Migración, a pesar de apoyarlo en 2018 -junto a otros 151 países-, y ha hecho caso omiso a las preocupaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos o del Consejo Económico y Social, quien ha afirmado que la población migrante es la que se halla en mayor riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país.

15 de julio, España a examen

El próximo 15 de julio el Estado español presentará el “informe voluntario de progreso 2021” de la Agenda 2030 y la Estrategia de desarrollo sostenible 2030 en el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que tendrá lugar entre los días 6 y 15 de julio. Este informe establece las prioridades a futuro del Gobierno, entre las que se señala el “Desarrollo de los compromisos del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en la gobernanza migratoria, para responder, en materia de protección internacional y migración, a los compromisos establecidos en la Agenda 2030, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional”. Algo que no se ha llevado a la práctica en los últimos tres años, puesto que la política migratoria española incluye aspectos lesivos para los derechos fundamentales, según las organizaciones responsables del estudio hecho público hoy.

Recomendaciones al Gobierno de España

Las entidades que respaldan este informe demandan:

  1. Poner fin a la externalización de fronteras y a las devoluciones sumarias, aplicando medidas no privativas de libertad que eliminen el uso de la detención migratoria.
  2. Garantizar los derechos de la infancia mediante procedimientos y trámites de residencia ágiles que permitan su regularización y la reforma de la Ley del Menor.
  3. Reformar la Ley de Extranjería para adaptarla a las políticas de inclusión recogidas en el Pacto. Los requisitos en cuanto al tiempo de estancia y las condiciones del contrato laboral que necesitan las personas extranjeras para conseguir las autorizaciones de residencia y trabajo no se ajustan a la realidad social y económica actual, y son el principal obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Esta modificación es también necesaria para incluir la protección de las mujeres migrantes en situaciones de violencia de género, protección de menores no acompañados, para facilitar la contratación en origen para el desarrollo de una actividad laboral en España, y para potenciar los visados de búsqueda de empleo y facilitar la reagrupación familiar para fomentar una migración voluntaria, flexible y regular.
  4. Aprobar lo antes posible una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que incluya en su ámbito de aplicación subjetivo a las personas en situación administrativa irregular, y que prohíba las identificaciones policiales por perfil racial/étnico que constituyen una práctica discriminatoria.
  5. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, se pide eliminar las dificultades existentes para la homologación de títulos, la ratificación del convenio 189 de la OIT y de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En concreto, para evitar la exclusión sanitaria, es necesario agilizar la tramitación del Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.