España suspende en derechos humanos

Denunciamos que el Gobierno incumple su obligación de garantizar el derecho a la salud y suspende en la prevención de la violencia sexual y de género

España dedica a gasto social casi un 40% menos que la media de la Unión Europea

Entre hoy y mañana España se somete al examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), en el que se valora si nuestro país cumple o no, y en qué grado, los derechos recogidos en el pacto correspondiente. Coincidiendo con esta evaluación -al que los Estados miembro de Naciones Unidas deben someterse cada lustro- 36 organizaciones han elaborado un "informe sombra" en el que analizan el cumplimiento de las obligaciones de España en las materias analizadas.

Organizaciones como la nuestra, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADASP) el Center of Economic and Social Rigth-CERS, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT o la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), entre otras, suscriben este informe.

enuncian que España incumple su obligación de garantizar el acceso a la salud o al trabajo y que no utiliza los máximos recursos disponibles para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.

El derecho a la salud, sin asegurar

Las organizaciones firmantes del informe denunciamos deficiencias en la financiación del sistema sanitario español a causa de una reducción constante del gasto público, lo que ha empeorado la calidad del servicio, ha afectado al volumen de camas y ha perjudicado las condiciones laborales del personal. Además, se ha recortado el gasto farmacéutico y se han aplicado copagos que han forzado a las personas más vulnerables a abandonar sus tratamientos.

Además, en el documento que se presenta hoy en Ginebra se recogen datos sobre las consecuencias de la política de exclusión sanitaria que España aplica desde que hace cinco años, cuando se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 que puso fin a la sanidad universal en el país. Esta medida se llevó a cabo sin estudio de impacto sin justificar la relación entre el uso del sistema por parte de migrantes en situación administrativa irregular y la sostenibilidad del mismo, sin límite temporal y sin agotar otras alternativas posibles, y resultó discriminatoria.

Retroceso del gasto social y trabajo precario

A pesar de las cifras que indican que España ha salido de la crisis económica, persisten los recortes sociales que profundizan en la brecha entre ricos y pobres. Entre 2009 y 2014, el gasto social cayó un 6% mientras que la media de la UE aumentó un 2,5%. Como consecuencia, en la actualidad, el gasto social en España se sitúa en un 63% de la media europea.

El informe también denuncia que España ha incumplido la obligación de garantizar el derecho al trabajo y pone el foco en dos situaciones concretas: la tasa de desempleo juvenil -que se sitúa en el 44%- y la precarización del empleo, que conlleva que un 13% de las personas laboralmente activas se encuentren en riesgo de exclusión social. Cabe destacar que, en el caso de trabajadores extranjeros, la cifra se sitúa en el 31,5%, la más alta de la UE.

Ineficacia para combatir la violencia sexual y de género

En el ámbito de la violencia machista, las entidades promotoras reclaman al Comité DESC la activación de servicios de 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y la recuperación del presupuesto para prevenir la violencia de género, que ha decrecido un 21,6%. Asimismo, piden que la ley de 2004 amplíe su definición de violencia de género a situaciones ocurridas en espacios no domésticos, y ejercida por otros sujetos más allá de la pareja o ex pareja, ante la evidencia de que la legislación actual ha resultado incapaz de atajar el drama de los feminicidios.

El informe también constata retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, como la falta de regulación de la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), las restricciones para su acceso a menores de edad y mujeres en situación irregular –que tampoco reciben asesoramiento en planificación familiar- o la reducción de medios para detectar casos de trata de personas y violencia machista.

Finalmente, cabe destacar que en la anterior evaluación similar, los miembros del Comité destacaron su preocupación por las políticas regresivas que comenzaban a aplicarse al abrigo de la crisis económica, entre ellas la reforma sanitaria de 2012.

Listado de organizaciones firmantes:

Center for Economic and Social Rights (CESR) • Médicos del Mundo • Oxfam-Intermón • Observatori DESC • Asociación de Economía de la Salud (AES) • Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) • Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) • Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) • Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) • Asociación de Enfermería Comunitaria • Comisiones Obreras (CCOO) • Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) • ARI-PERU • Asociación con la A • Asociación de Mujeres Integradoras para la Igualdad Psicosocial (AMILIPS) • Asociación Feminista Tiemar • Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIET) • Asociación de Planificación Familiar de Catalunya I Balear (APGCIB) • Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia • Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) • Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria (CESIDA) • Federación Mujeres Jóvenes • Forum de Política Feminista • Frente de lucha Feminista (FLF) • Fundación Haurralde • Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) • Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad España (WILPF) • Medicusmundi • ODUSALUD • Oxfam-Intermón • PASUCAT • Red Transnacional de Mujeres/Networkwoman • Salud por Derecho • SOS Racismo • Trabajando en Positivo • Women´s Link Worldwide (WLW).