Informamos al Congreso de las consecuencias de la reforma sanitaria

Madrid, 19 de junio de 2013.- Más de un año después de que se aprobara el Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin cobertura sanitaria normalizada a más de 800.000 personas en España y 9 meses desde que entrara en vigor de forma efectiva, el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, ha relatado a los diputados y diputadas de la Comisión de Sanidad del Congreso sus efectos reales.

Tras exponer argumentos éticos, científicos y económicos, González ha puesto rostro a los efectos de una legislación que ha pretendido convertir a los profesionales sanitarios y administrativos del sistema público de salud en policías de la sanidad.

Lejos de los casos aislados o los errores profesionales, argumentos con los que se ha intentado justificar desde el gobierno la exclusión sanitaria que sufren las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria, el presidente de nuestra organización ha demostrado con casos documentados algo que no es una excepción, sino una norma: las barreras de acceso a la atención sanitaria que el RDL ha levantado para un porcentaje destacable de la población residente en España, y que han supuesto en el caso más extremo la muerte de personas.

Y todo en aras de un ahorro que no es tal, puesto que la asistencia en urgencias a la que se aboca a las personas inmigrantes es notablemente más costosa que la atención primaria, además de ineficaz en términos de prevención y de seguimiento de enfermedades crónicas.

A esto se añade que las personas procedentes de países de renta baja acuden un 30% menos al hospital y consumen casi 5 veces menos fármacos que la población autóctona. Sus costes por ingreso hospitalario son también menores, como demuestra un reciente estudio llevado a cabo en Murcia.

Casos que pasan

Como han relatado los comparecientes, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (insulina para la diabetes, Sintrom para las cardiopatías, etc), con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

Es asimismo reseñable la exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación.

También hemos documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Junto a ello, nos preocupa también que las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, alejadas ahora de la atención primaria, queden sin identificar, y por tanto desprotegidas –puesto que más del 60% de los casos de violencia machista detectados en el ámbito sanitario se descubren en Atención Primaria y la nueva legislación les impide el acceso a ella-. Sin olvidar el porcentaje ínfimo de víctimas de trata de personas que resultan cubiertas por la sanidad tras la reforma. Por otra parte, es más que probable que las mujeres que tras el RDL no pueden acceder a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva se vean abocadas a interrupciones del embarazo clandestinas que pongan en peligro su vida.

Los verdaderos afectados: nuestros vecinos

Frente al mito de que la atención sanitaria universal genera un efecto llamada, un reciente informe de Médicos del Mundo demuestra que solo el 1,6 por ciento de quienes emigran a Europa por motivos económicas tiene como motivación su salud individual.

De hecho, es importante visibilizar que muchas de las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas –según cifra reconocida por el gobierno- pertenecían a personas y familias que llevaban años viviendo y trabajando legalmente en España, que han formado aquí su familia, y que tras todo ese tiempo de contribuir económicamente a los presupuestos del Estado han perdido uno de los derechos más básicos, el de la salud.

Acceso a medicamentos

La negación de la subvención en medicamentos a los pacientes sin tarjeta sanitaria es otra condena cruel. Sin el apoyo del estado, muy pocas personas pueden costearse los más de 1.500 euros al mes que puede suponer un tratamiento para un cáncer, ni el coste fijo que suponen los fármacos para tratar enfermedades crónicas, que han de ser de consumo diario, por lo que muchos pacientes se ven obligados a interrumpir el tratamiento, con el consiguiente peligro para sus vidas.

En resumen, así es la reforma sanitaria en palabras del presidente de Médicos del Mundo:

Desde un punto de vista de derechos, no es justo; desde una perspectiva económica es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública es peligroso, porque las enfermedades infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas y desde un punto de vista ético tampoco es justificable, porque conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios”.

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