La crisis de Mali debe ser una llamada de atención para una nueva respuesta en el Sahel

Debemos alertar contra las sanciones mal dirigidas, que no son coherentes con estos objetivos y que pueden penalizar a toda la población, afectando a las personas más vulnerables, cuya situación ya ha empeorado a raíz de la pandemia de covid-19.

La crisis de Mali es el resultado de años de corrupción, indiferencia, mala gestión y alarmantes violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo con total impunidad por parte de grupos armados, milicias de autodefensa y miembros de las fuerzas de seguridad. Esto ha causado un descontento generalizado de la población, desconfianza en la autoridad del Estado y ha empeorado la situación de la seguridad.

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La priorización de una respuesta militar a una crisis compleja, que incluye una importante atención y financiación de los aspectos de seguridad de la crisis, e innumerables iniciativas nuevas de la comunidad internacional, no ha logrado proteger a la población civil de las atrocidades, evitar una mayor inestabilidad y reducir las tensiones intercomunitarias.

Esta última crisis política debe ser una llamada de atención a Mali, a la región del Sahel y a la comunidad internacional sobre la necesidad de una nueva respuesta, radicalmente reorientada a las necesidades de la población, para hacer frente a la creciente desestabilización no sólo de Mali, sino también de Burkina Faso, Níger y la región del Sahel en general.

El mes pasado nos reunimos como la Coalición ciudadana por el Sahel para poner en marcha los "Pilares de la ciudadanía", cuatro prioridades clave que creemos que deben guiar cualquier respuesta a la crisis en nuestra región:

• la protección de la población civil,
• una estrategia política integral para abordar las causas fundamentales de la inestabilidad,
• un aumento masivo de la ayuda humanitaria y
• la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por todos los actores.

Los recientes acontecimientos en Mali añaden una urgencia renovada a nuestros llamamientos, lo que demuestra la inutilidad de cualquier enfoque que no consiga situar a la población y las causas profundas del conflicto en el centro del compromiso.

A fin de estabilizar el país y restablecer el estado de derecho, las organizaciones miembro de la People’s Coalition for the Sahel instamos a las autoridades de Mali, la CEDEAO, la Unión Africana y otros gobiernos e instituciones con influencia en la región a que:

• Colaboren estrechamente con las diversas comunidades y la sociedad civil, incluidos las organizaciones de mujeres y jóvenes, para elaborar una hoja de ruta política amplia y con plazos concretos que sitúe la protección de la población civil y la seguridad humana en el centro de la misma y aborde las causas fundamentales del conflicto, incluida la crisis de gobernanza. Esto debería incluir un calendario para la transición a un gobierno dirigido por civiles en Malí.
• Velar para que ninguna intervención agrave la crisis humanitaria ni impida el acceso y la ayuda humanitaria o la libertad de circulación de la población maliense, asegurando la inclusión de exenciones humanitarias amplias en cualquier régimen de sanciones.
• Presionar para que se adopten medidas inmediatas a fin de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, luchar contra la impunidad a todos los niveles y promover mecanismos transparentes de rendición de cuentas por todas las violaciones cometidas contra la población civil, incluso por los grupos armados y los actores militares internacionales.