La falta de cobertura sanitaria universal aboca a 100 millones de personas a la pobreza cada año

Madrid, 25 de octubre de 2012.- Más de una decena de expertos internacionales se han reunido en Madrid para hablar del acceso a la atención sanitaria, un tema que se ha abordado desde distintas perspectivas: la salud como derecho y la responsabilidad de los Estados en su ejercicio, la financiación de los distintos modelos sanitarios, los avances que se están alcanzado en algunos países del Sur en la generalización de la asistencia sanitaria y el cambio del modelo español, que ha pasado del universalismo al aseguramiento.
 

Además, se planteado cómo va a ser de ahora en adelante el apoyo a la atención sanitaria en los países del Sur desde la óptica de una Ayuda Oficial al Desarrollo en alarmante descenso.

“La cobertura universal en salud cobra sentido cuando reivindica los derechos humanos -y ahí se incluye todo lo que necesitan las personas para cuidar y recuperar su salud- y esto solo es posible mediante la adopción de modelos universales de salud financiados desde el sistema general de recaudación, sin la intermediación de seguros privados”, ha asegurado Armando de Negri, coordinador del Foro Social Mundial de la Salud.

“Necesitamos repolitizar el debate sobre la salud, en contraposición con la tendencia a despolitizar la sanidad, cuya respuesta es crear seguros para pobres en lugar de ofrecer una garantía de derechos por parte del Estado”, remarcó De Negri.

Más de cien millones de personas caen en la pobreza cada año a causa de los gastos que tienen que afrontar para recibir atención sanitaria. Los apuros económicos derivados de los gastos en salud pueden acabar con la capacidad de una familia para resistir los contratiempos: las familias venden el patrimonio, liquidan los ahorros y sacan a los niños de la escuela; las mujeres abandonan empleos remunerados para atender al familiar enfermo. Estos devastadores gastos en salud pueden desencadenar un ciclo de pobreza que pasa de unas generaciones a otras.

Por el contrario, la cobertura sanitaria universal es un instrumento fundamental para garantizar el derecho a la salud y promover la cohesión social. Países que sí están apostando por ese camino, como Tailandia, han dado hoy su testimonio en la jornada organizada por la red Acción por la Salud Global en Madrid.

Respecto a la situación en España, Stefan Meyer, representante de Médicos del Mundo, recordó que “cualquier reforma del sistema de salud debería estar encaminada a mejorar la equidad de acceso y la calidad de servicio. Sin embargo, la reforma sanitaria española se orienta en sentido contrario, mercantilizando un espacio que antes era de dominio público”.

Costes y barreras de acceso

La cobertura sanitaria está determinada no sólo por el coste directo de los servicios de salud para el paciente, sino también por el mecanismo de financiación utilizado para sufragar el coste total; como pueden ser los pagos por servicios de salud en el punto de uso, la financiación pública proveniente de un impuesto progresivo de la renta, de impuestos especiales, etc.

En el Informe sobre la Salud en el Mundo 2010 acerca de la financiación de la salud, Margaret Chan, directora general de la OMS, apuntaba que “la permanente dependencia de los pagos directos, incluidas las tasas en el punto de uso, es con diferencia el mayor obstáculo para el progreso [hacia la cobertura universal]”.

Historia de un fracaso

En 1978, en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en Salud, los líderes mundiales se comprometieron firmemente a lograr “salud para todos”. Más tarde, en el 2000, prometieron alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en salud en el 2015. Hoy continúan marcando objetivos relacionados con la salud global y continúan incumpliéndolos.
Mientras tanto, millones de personas pobres tienen que elegir qué necesidad básica costear: la atención sanitaria, la comida o el alquiler de una vivienda.

Como ha recordado en el seminario de hoy Gorik Ooms, de la Fundación Héléne de Beir, “aunque los países con bajos ingresos -como la mayoría de los africanos- cumplieran con la obligación de destinar los máximos recursos posibles a la sanidad, esto significaría invertir unos 10 dólares por persona y año, lo que supondría en todo caso unos niveles muy modestos de protección social”. Una situación que en un contexto de alarmante reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo, incluida la que se dedica a fortalecer los sistemas públicos de salud, adquiere una especial gravedad.