Las nuevas medidas del gobierno en materia de salud pública son un parche incongruente y discriminatorio

Madrid, 11 de junio de 2014.- Cuando se cumplen los primeros seis meses desde la publicación por el Ministerio de Sanidad de un documento que define las situaciones que han de ser atendidas por interés de la salud pública, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la organización humanitaria Médicos del Mundo, junto a Farmamundi y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), dudan de la eficacia de esta iniciativa en la prevención de este tipo de enfermedades.

En el posicionamiento conjunto que han dado a conocer, las organizaciones firmantes valoran el texto como un mero parche para paliar el descontrol creado por la reforma sanitaria, que además es jurídicamente discutible y fue elaborado con un enfoque antiguo de la salud pública y claramente discriminatorio.

El documento del Ministerio establece qué hacer cuando se detecte que hay personas con enfermedades que supongan un riesgo para el resto de la población y éstas no tengan derecho reconocido a la asistencia sanitaria. Aunque sin nombrarlo explícitamente, se está refiriendo de modo principal al colectivo de los inmigrantes sin autorización legal de residencia en España, que ha sido excluido del sistema público sanitario en virtud del Real Decreto Ley 16/2012, conocido como "reforma sanitaria".

En estas situaciones, el documento contempla lo que llama “prestación sanitaria”, que se ofrecerá preferiblemente en atención primaria mediante acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en curso. Posibilita también el acceso al segundo nivel asistencial y a la medicación que sea necesaria en caso de carecer de recursos económicos, aunque esa prestación exigirá necesariamente la identificación de la persona a través de la tarjeta sanitaria individual.

A pesar de este camuflaje, el documento no es sino la prueba palpable de la sinrazón del nuevo modelo, de las incoherencias que plantea, de los problemas de salud pública que puede causar y de la situación comprometida en que deja a España frente al cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente.

De hecho, son tantos los problemas que provoca la reforma sanitaria que algunos servicios autonómicos de salud ya venían aplicando medidas similares a las establecidas en este documento desde antes de su publicación, para intentar paliarlos.

SESPAS, Médicos del Mundo, Farmamundi y FADSP advertimos de que las situaciones contempladas por el Ministerio describen un marco de desigualdad para los inmigrantes y de notable inseguridad jurídica. Aunque las medidas definidas pueden servir como pretexto para incluir a muchas personas en la atención sanitaria y tiene su vertiente positiva, por otra subrayan lo incongruente que es la exclusión masiva de grupos de personas del derecho a la protección de su salud.

Las organizaciones firmantes del posicionamiento consideramos que este nuevo esquema de intervención sanitaria es un parche del sistema que no tiene cobertura legal alguna y que solo "camufla" determinadas prestaciones de salud pública al margen de la ley.

Lo razonable, convienen estas organizaciones, sería modificar el Real Decreto Ley en vez de adoptar esta regulación parcial y completamente descontextualizada del marco jurídico que le es propio.

Por otra parte, los contenidos de la nueva “prestación sanitaria” tampoco responden al principio de integralidad que debe regir esta materia y adolecen de una notable imprecisión.

Además, el documento aporta una visión muy empobrecida de lo que debe ser la salud pública, evocando una concepción propia del siglo pasado, ligada a un concepto de orden público, de policía sanitaria y de control de pandemias. Da la impresión de que se fijan en la figura del inmigrante irregular no como un ser humano que debe ser titular de derechos, sino más bien como un potencial portador de infecciones susceptible de poner en riesgo la salud del resto de la ciudadanía. Esto difícilmente puede tener encuadre en el modelo de Estado Social por el que optó nuestra Constitución y que exige el compromiso de todos los poderes públicos para conseguir la igualdad real y efectiva de todos los ciudadanos y de los grupos en que se integran.