Las pandemias no conocen fronteras

La destrucción de los servicios públicos del Estado del Bienestar, a través de la privatización, de la financiación insuficiente, de la regionalización…, ha contribuido al menoscabo de los sistemas de salud internacionales. Y esta debilidad que están afrontando actualmente se refleja en las dificultades y retos con los que están teniendo que luchar para enfrentar esta pandemia de covid-19 y asegurar el acceso equitativo y el tratamiento para todas las personas.

Durante una crisis sanitaria como la presente, son las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, como las personas sin hogar, usuarias de drogas, refugiadas, migrantes en situación administrativa irregular, recluidas en prisiones… las que se encuentran más expuestas porque de manera tradicional son las que quedan excluidas de los sistemas de salud por su condición. A ellas se unen las personas migrantes por procesos de reagrupamiento familiar de edad avanzada que, a pesar de su situación regular, ven como se les deniega el acceso a los servicios públicos de salud.

Uno de los retos más importantes para una respuesta eficaz frente a esta enfermedad son los sistemas públicos de salud débiles o destruidos como resultado de conflictos y situaciones de emergencia. En las áreas de conflicto bélico la pandemia puede conllevar impactos desastrosos, añadiendo otra crisis a la ya existente. Las poblaciones que más en riesgo están son las personas refugiadas y desplazadas, debilitadas después de meses y años de violencia, con falta de acceso a servicios de salud y viviendo en asentamientos abarrotados de gente. La pandemia está teniendo un enorme impacto sobre el acceso a suministros y personal sanitario en contextos de crisis humanitarias.

Lo que podemos aprender de la enfermedad covid-19 es que los sistemas públicos de salud fuertes son capaces de resistir amenazas masivas para la salud gracias a la respuesta colectiva.

De la misma manera, esta pandemia pone en evidencia la importancia de disponer de sistemas de salud realmente universales, que garantizan el Derecho a la Salud y el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin menoscabo de su origen o de su estatuto legal o administrativo, como la estrategia más eficaz para enfrentar estas crisis sanitarias.

Desde la Red Internacional de Médicos del Mundo instamos a responsables de políticas locales, nacionales, regionales e internacionales a que tomen en consideración urgentemente las siguientes recomendaciones:

• A largo plazo, garantizar el gasto público en salud y aumentar la inversión en atención sanitaria pública y no-privada para consolidar unos sistemas de salud fuertes protegidos de los intereses privados y lucrativos.
• Todos los países deberían cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de asignar o reasignar inmediatamente, al menos, un 1% adicional del PIB a Atención Primaria de Salud a través de la mejora de la recaudación de impuestos nacionales en línea con la Agenda para la Acción de Addis Abeba.
• Para evitar la discriminación en el acceso a los servicios sanitarios públicos se debe eliminar el pago por la realización de test o por recibir atención sanitaria.
• Es necesario y urgente que las acciones en nuestros sistemas locales de salud y en los sistemas nacionales e internacionales estén coordinadas. Lo que necesitamos ahora es un sistema de salud solidario y universal con una coordinación que atraviese las fronteras nacionales, con acciones eficaces tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
• Garantizar que la respuesta al coronavirus no reproduzca o perpetúe normas de género dañinas, prácticas discriminatorias o desigualdad.
• Establecer medidas excepcionales para las personas más vulnerables: las personas sin hogar, migrantes, refugiadas, las personas de etnia gitana, las personas encarceladas y aquellas con dificultades para acceder a los servicios de atención primaria de salud, especialmente para quienes viven en campos de refugiados y la población desplazada. Las personas inmigrantes en situación administrativa irregular también requieren atención sanitaria y el acceso al sistema de salud no debería suponer que se compartan sus datos personales con las autoridades de inmigración.
• Asegurar que todas las personas tienen acceso a todos los recursos sanitarios disponibles, incluyendo a quienes son más vulnerables. Los recursos que no se distribuyen equitativamente comprometen el control del virus.
• Reconocer las necesidades especiales de aquellos países más vulnerables con sistemas de salud debilitados. Tomar todas las medidas necesarias para reducir tanto las prohibiciones de viajes como las restricciones de movimiento y que se permita a la ayuda internacional el acceso a aquellos que más lo necesitan.
• Se debe prestar especial atención a las áreas en conflicto armado. Las personas refugiadas y desplazadas son particularmente vulnerables a la pandemia, especialmente cuando viven en campos de refugiados. Existe la necesidad de mantener tanto los vuelos humanitarios para recursos humanos como los suministros médicos, de manera que se garantice la continuidad de los programas ya existentes, así como la seguridad del personal en el terreno.
• Necesitamos servicios sanitarios rápidos, gratuitos en el lugar de atención y de calidad.
• Reconocer el papel fundamental que está jugando el personal sanitario (hasta un 80% del personal sanitario son mujeres) cuando surgen crisis de este tipo. Hay una necesidad urgente de apoyarles, apoyar a sus sindicatos y las demandas de ratios adecuados de personal y de suministro de equipamiento protector adecuado. Se debe proteger al personal sanitario especialmente en las áreas de conflicto. No deben ser un blanco a atacar y no se debe obstaculizar el trabajo que realizan.
• Asegurar el acceso geográfico, económico, cultural y permanente a la salud para todas las personas sin menoscabo de su situación legal o administrativa: una cobertura realmente universal de salud.
• Garantizar una gobernanza democrática de salud tanto a nivel nacional como internacional. Se necesita un sistema de Naciones Unidas y otras agencias de la ONU fuertes y adecuadamente financiadas, incluida la OMS, que jueguen un papel de supervisión y monitoreo.
• El acceso a los medicamentos debe estar al servicio de la población y no al servicio de las compañías farmacéuticas trasnacionales, garantizando que el desarrollo de nuevas medicinas o vacunas no estén sometidas al sistema de patentes o que no se restrinja su acceso.