Presentamos "El precio de la vida" para denunciar el escandaloso precio de los medicamentos
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Médicos del Mundo
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Madrid, 27 de septiembre de 2016.- Ciertos medicamentos que llegan al mercado, como los nuevos tratamientos anticancerígenos o para la Hepatitis C, alcanzan hoy en día precios exorbitantes. El riesgo a largo plazo es que la cobertura médica pública no va a poder seguir sosteniendo el reembolso de tratamientos a estos precios tan elevados, que sin embargo son necesarios para miles de personas enfermas.

Ante esta situación, Médicos del Mundo ha lanzado la campaña “El precio de la vida”. A través de una página web, la organización anima a la ciudadanía a dirigirse a su gobierno para pedirle que utilice todos los medios jurídicos y políticos a su alcance para reducir los precios de los medicamentos que salvan vidas.

Los laboratorios determinan el precio de los fármacos en función de la capacidad de los Estados de pagar por tener acceso al tratamiento, una vez calculado también el coste de investigación y producción del mismo. Cuanto más rico es un Estado, mayor es el precio. Generalmente, las autoridades que fijan estos precios aceptan alinearse con las exigencias de las empresas farmacéuticas.

Desde hace varios años, el precio de los medicamentos está en constante aumento: un tratamiento combinado contra la Hepatitis C (por ejemplo, Sofosbuvir y Simeprevir), ronda los 40.000€ en países como EEUU o Francia, y unos 13.000 en España -según el resultado de la negociación entre gobierno y empresa proveedora-. Keytruda, para el melanoma, se venderá a más de 100.000 € anuales por paciente. Glivec, para tratar la leucemia, cuesta en España unos 30.000€ por año y paciente.

¿Qué argumentan los laboratorios para justificar estos precios?

La industria farmacéutica justifica estas cifras tan elevadas aludiendo a los costes de investigación y desarrollo. Pero estos se sobreestiman y los importes reales son confidenciales.

En realidad, la mayoría de fármacos innovadores se basa en la investigación desarrollada en los laboratorios de las universidades públicas. Luego, las empresas farmacéuticas adquieren los descubrimientos más prometedores y desarrollan medicamentos que después compran los sistemas sanitarios de los países, de nuevo con fondos públicos y a unos precios a menudo abusivos. Además, estas compañías reciben deducciones fiscales por promover la investigación, con lo que se cierra el círculo vicioso perfecto.

Suele coincidir que cuanto mayor es el beneficio para el paciente, mayor es el precio también. Y, sin embargo, desde hace 20 años, el 74 % de los medicamentos que se comercializan no producen más que ligeros beneficios terapéuticos. Respecto al Sofosbuvir –empleado para combatir la hepatitis C-, el precio se justifica afirmando que permite evitar la cirrosis y el trasplante de hígado, cuya atención sanitaria es muy costosa. Si esta misma lógica se aplicara a otros sectores, un airbag se pagaría al precio de una vida.

Las empresas no comunican jamás a cuánto asciende el coste real de producción de los medicamentos para garantizar un margen razonable sobre las ventas, aunque esto es lo que debería determinar su precio. La pregunta final es si nuestro sistema sanitario podrá asumir estos elevadísimos precios a largo plazo.

¿Qué hace el gobierno?

Las patentes que protegen las innovaciones terapéuticas tienen una validez mínima de 20 años, durante la cual no se puede poner en el mercado ningún genérico a bajo precio. No es un sistema incuestionable; de hecho, es bastante reciente. En España no hubo patentes para productos farmacéuticos hasta los años 90.

El gobierno, sin embargo, no utiliza las herramientas a su disposición para oponerse a esto, como las licencias obligatorias. Este instrumento jurídico permite suspender temporalmente una patente y abrir el mercado a la competencia para producir o importar genéricos, con el objetivo de hacer bajar los precios. La licencia obligatoria puede utilizarse cuando existen motivos de interés público, como necesidades de salud pública, defensa nacional o de abastecimiento que así lo exijan.

¿Qué soluciones hay?

No permitiremos que los laboratorios calculen por nosotros “el precio de la vida” según criterios de rentabilidad. Por tanto, pedimos:

  • que el Estado proteja el interés de la población española y nuestro sistema de salud solidario, e intervenga para hacer que se bajen los precios de los medicamentos
  • la transparencia de los gastos de investigación y desarrollo
  • un modelo alternativo al de las patentes para financiar la investigación y el desarrollo.

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