Para poder llevar a cabo el Informe de barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas, hemos entrevistado a más de 7000 personas durante 8 meses y hemos identificado más de 12.000 barreras que han tenido que confrontar las personas atendidas por nuestros equipos en 14 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias) y en la Ciudad Autónoma de Melilla.
En total, hemos documentado 7075 barreras de acceso al sistema nacional de salud durante los 8 meses de recogida de información. De éstas, el 56,2% son mujeres y el 47,8%, hombres.
Barreras discriminatorias de carácter administrativo
Garantizar un acceso no discriminatorio a los bienes y servicios de salud exige que los Estados reconozcan el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En el caso del Estado español este reconocimiento ha estado sometido a múltiples vaivenes durante la última década dando lugar con ello a una regulación confusa del derecho a la atención sanitaria cuya principal y más grave consecuencia ha sido la generación de una serie de barreras discriminatorias de carácter administrativo que afectan de forma particular a algunos de los colectivos más vulnerabilizados al dificultar o impedir su acceso a la atención sanitaria.
Nuestros equipos han registrado 243 casos de menores y 112 de mujeres embarazadas, además de, al menos, 166 facturaciones o firmas de compromiso de pago por atención en urgencias. Para estos tres supuestos de especial vulnerabilidad, la legislación previa a 2012 reconocía el derecho a la atención sanitaria a toda persona extranjera que se encontraba en España. Sin embargo, el RDL 7/2018 omitió toda referencia a estas excepciones y abrió con ello la puerta a interpretaciones restrictivas por parte de las administraciones autonómicas que, como en la Comunidad Autónoma de Madrid o en Galicia, se traduce en la negación de la atención a personas en esta situación.
Cuando acreditar tu resistencia efectiva es imposible todo se complica porque las personas migrantes en situación irregular no pueden ver reconocido su derecho a la atención sanitaria. El empadronamiento es la única manera de acreditar que llevan viviendo más de 3 meses en España, pero tramitarlo no siempre es sencillo, especialmente si no se cuenta con pasaporte en vigor o no puedes demostrar que tienes domicilio físico en el municipio en cuestión.
Y aun cuando la persona cumple con los requisitos legales, la burocratización del derecho de acceso al sistema sanitario dilata el reconocimiento de este y el acceso a la atención sanitaria. Esto es especialmente significativo en tres casos:
Médicos del Mundo hemos documentado 2488 casos de personas que no han podido empadronarse y a quienes como consecuencia, se les niega el derecho a la atención sanitaria.
“Marcela tiene 36 años, es de una zona en conflicto de Colombia, de donde huye para venir a Galicia. Desde hace años tiene VIH, por lo que al llegar a España acude al centro de salud a tramitar su tarjeta sanitaria, para poder continuar con su tratamiento antirretroviral (que le permite estar sana y hacer vida normal). Sin embargo, una vez allí la administrativa le dice que ella no tiene derecho a asistencia “con su actitud despótica me sentía atacada, maltratada. Yo estoy aquí por necesidad, no por gusto”. Ahora tiene una tarjeta sanitaria para 3 meses y está intentando conseguir una cita para tramitar el NIE y además solicitar asilo internacional.
La imposibilidad de acreditar otros requisitos administrativos sería otra de las barreras que afecta principalmente a personas extranjeras que vienen a España a cursar sus estudios y personas mayores que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar con sus hijos o hijas que llevan años viviendo en nuestro país. Desde entonces, estas personas se encuentran en una situación de absoluta exclusión sanitaria. Ejemplo de ello son los 87 casos documentados por Médicos del Mundo para este informe.
Las otras barreras
La distancia al centro de salud más cercano y la falta de transporte adecuado son barreras físicas. También lo son los horarios de atención restringidos que imposibilitan a las personas acudir en su jornada laboral. En nuestro informe hemos recogido 1011 casos de este tipo de barreras que afectan principalmente a personas que viven en zonas de asentamientos e infraviviendas fuera de los núcleos urbanos.
También hemos registrado 1417 casos de barreras económicas, que se presentan cuando la situación de vulnerabilidad de las personas las obliga a elegir entre su salud y otras necesidades básicas. Es el caso de facturaciones por la atenciones en urgencias, de las barreras físicas o administrativas que derivan en económicas (coste de transporte o de solicitudes administrativas), y de la dificultad de acceder a medicamentos.
De igual modo hemos recogido 545 casos de personas afectadas por la falta de una información adecuada sobre la atención, los requisitos o el propio funcionamiento del sistema. De igual modo, hemos encontrado 1479 casos en los que el acceso también se ha visto obstaculizado por dificultades lingüísticas, a pesar de los servicios telemáticos con los que cuentan la mayoría de las Comunidades Autónomas. En ambos casos estaríamos ante barreras informativas.
Finalmente, las barreras culturales por el efecto disuasorio que produce un sistema de salud que no es culturalmente adaptado a las necesidades específicas de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad porque se traduce en un limitado acceso al mismo. De estas barreras hemos documentado 1034 casos.
Estas dificultades que limitan o impiden el acceso efectivo al sistema sanitario son consecuencia de años de políticas de regresión en derechos y de recortes en la sanidad pública que no han sido debidamente corregidas.
Desde Médicos del Mundo insistimos en que el Estado español, en sus distintos niveles nacional, autonómico y local, tiene la obligación de avanzar en la eliminación de todas estas barreras, garantizando la accesibilidad al sistema sanitario, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
Recomendaciones:
Con el fin de avanzar en la eliminación de las barreras de acceso al SNS identificadas en este informe recomendamos:
Al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados:
A las Comunidades Autónomas:
Este informe persigue el objetivo de visibilizar las barreras de acceso al sistema público de salud y generar propuestas de mejora para reorientar y alinear políticas públicas a la meta de lograr la cobertura sanitaria universal con base en la “Estrategia de desarrollo sostenible 2030”. Se ha elaborado en el marco de ACCESIBLE “Proyecto integral para la mejora del acceso universal al sistema sanitario”, iniciativa financiada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.