La solicitud de un incremento de 1.000 euros por persona al año con visión finalista de la partida presupuestaria destinada a Sanidad constituye una de las principales claves de las reclamaciones que las organizaciones han trasladado a las diputadas y a los diputados de cara al Pleno del Congreso que hoy se celebra.
Según defienden las organizaciones firmantes, la COVID-19 ha evidenciado cómo las políticas de recortes en materia sanitaria de la última década han debilitado nuestro sistema sanitario, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población en su conjunto, y de manera especial la de las y los profesionales del ámbito sanitario. En este sentido, las organizaciones impulsoras de MásSanidad vieron en el trabajo de la Comisión para la reconstrucción social y económica una oportunidad para revertir esas políticas fallidas y construir un nuevo consenso en torno a un modelo fortalecido de Sanidad Pública y Universal. Sin embargo, “el dictamen preliminar que se vota hoy en el Pleno, no solo no ha conseguido un apoyo amplio, sino que también evidencia importantes carencias en materias clave”, explican.
Por estas razones, las organizaciones promotoras de #DespuésDeAplaudir quieren trasladar una serie de valoraciones, con la esperanza de que sean incorporadas durante el debate en el Pleno del Congreso.
En materia de financiación
La gran mayoría de los compromisos recogidos en el dictamen final de la Comisión exigen de una dotación presupuestaria suficiente. Sin embargo, el apartado referido a la financiación del Sistema Nacional de Salud destaca por su falta de compromisos específicos. En ese sentido, las organizaciones señalan que:
Universalización del derecho a la atención sanitaria
La Comisión contempla como un objetivo el refuerzo y consolidación de la universalidad de la atención sanitaria, pero sus conclusiones adolecen de dos importantes omisiones:
La importancia de la prevención
La actual crisis generada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto que en materia de salud pública el sistema sanitario también debe focalizarse en aquellas condiciones sociales y materiales que ejercen de determinantes de la salud. En ese sentido, la plataforma MásSanidad sugiere:
Política farmacéutica, producción pública y propiedad intelectual en I+D en salud
Tanto en materia de política farmacéutica como en lo referente a propiedad intelectual en la investigación y desarrollo de medicamentos, la Comisión de Reconstrucción ha perdido la oportunidad de profundizar en muchos cambios que son urgentes si se quiere asegurar el acceso y la asequibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias. Se echan de menos:
No existen previsiones para proteger el SNS frente a las privatizaciones
La pandemia ha evidenciado la necesidad de aumentar los recursos de los centros sanitarios de gestión pública, dado que han sido estos los ámbitos asistenciales sobre los que ha pivotado la gestión clínica de la misma. Según defienden las organizaciones firmantes: “Esta descapitalización del sector público no solo es consecuencia de los recortes presupuestarios de la última década, sino también por la apuesta por modelos privatizadores que derivan una importante parte de los escasos recursos hacia el sector privado. Estos modelos no solo se han demostrado más ineficientes que la gestión pública directa, también profundizan en la inequidad, debilitando el derecho a la protección de la salud de todas las personas”
Ante esta situación, estas organizaciones solicitan que:
Organizaciones firmantes:
Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria -Faecap-, FACUA, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos -CEAV (este documento está abierto a la incorporación de nuevas organizaciones que deseen sumarse a la iniciativa).