El 1 de septiembre de 2012 entraba en vigor, con toda su crudeza, el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril. Ese día, cientos de miles de mujeres y hombres que convivían en territorio español –más de 800.000 según los datos aportados por la propia Administración– vieron como les era retirada la tarjeta sanitaria a la que hasta ese momento tenían derecho. De este modo el Gobierno impuso la expulsión de las personas inmigrantes en situación irregular a los márgenes del sistema. Todo ello sin previo debate social ni parlamentario y escudándose en vagos argumentos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que aún a día de hoy no han sido respaldados por un informe económico que justifique las medidas adoptadas.

A pesar de las repetidas condenas de organismos internacionales y europeos de derechos humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos económicos del Gobierno –demostrando que resulta más barato para el sistema dar asistencia normalizada a las personas en situación irregular que a través de urgencias–, no se ha producido rectificación alguna por parte del Ejecutivo.