II Informe de barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas

Médicos del Mundo constata con preocupación la pervivencia de múltiples barreras de acceso al sistema sanitario sin que hayamos observado avances en relación con la situación que denunciábamos hace un año.

Desde un punto de vista de las barreras administrativas, 2023 se planteaba como un año crucial en el que debía debatirse y aprobarse la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud que contenía importantes avances – aunque no suficientes – para recuperar la universalidad en el acceso perdida en 2012. El decaimiento de esta ley impide poner fin a la exclusión sanitaria que siguen padeciendo en España miles de personas como acredita este informe. Para mayor preocupación, en algunas comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid o Galiza seguimos constatando una aplicación de la normativa estatal vigente – el RDL 7/2018 – con una voluntad claramente excluyente. Tras las elecciones autonómicas del mes de mayo y la conformación de diversos gobiernos con la participación de la extrema derecha es de temer que estas políticas se extiendan produciendo una regresión en muchos territorios que ya distan de garantizar un acceso libre de barreras administrativas.

Tampoco hemos detectado avances en la eliminación de las barreras físicas, informativas y culturales. La falta de servicios adecuados de traducción e interpretación y la absoluta ausencia de la figura de mediación intercultural dentro del Sistema Nacional de Salud levantan un muro de incomunicación e incomprensión para muchas personas. Además, la total erradicación de los comportamientos xenófobos por parte de personas trabajadoras del sector sanitarios sigue siendo una cuestión urgente.

Todas estas trabas confluyen en mayor o menor manera a la hora de dificultar el acceso a los medicamentos que una persona precisa, si bien en última instancia las barreras económicas juegan un papel preponderante. Así, la determinación de qué colectivos se benefician de las exenciones del pago o a quienes se les aplican copagos reducidos resulta una decisión fundamental por parte de las autoridades para garantizar que nadie se quede sin una medicación esencial. Todo ello sin detrimento de la necesidad imperiosa de revisar la arquitectura del sistema de investigación y desarrollo en materia farmacéutica que favorece el desmedido lucro empresarial por encima de la defensa del derecho a la salud.

En relación con los colectivos afectados por estas barreras, siguen siendo las personas más vulnerabilizadas, cuyas condiciones de vida y sociales constituyen factores de riesgo desde una perspectiva de determinantes de la salud, quienes encuentran mayores dificultades para acceder a los recursos sanitarios. Nuevamente hablamos de personas migrantes, particularmente aquellas a las que la irregularidad administrativa invisibiliza y condena a una vida en los márgenes, las que viven en infraviviendas y asentamientos con peores condiciones sociosanitarias y las que cuentan con menos recursos económicos. También son ellas las que confrontan mayores obstáculos para acceder a los tratamientos farmacéuticos, junto con las personas asalariadas con trabajos precarios que son víctimas principales de la pobreza farmacéutica.

Como ya documentamos en el anterior informe, no se trata de casos aislados sino la consecuencia directa de deficiencias estructurales de las políticas sanitarias a lo largo de las últimas décadas que deben ser abordadas en toda su dimensión. Sólo así podremos garantizar que nuestro Sistema Nacional de Salud siga siendo considerado como uno de los mejores del mundo.