Convenio especial de asistencia sanitaria: La orden pone en práctica la exclusión sanitaria en España

Desde Médicos del Mundo consideramos que la orden “Requisitos básicos del convenio especial de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del sistema nacional de salud”, dada a conocer en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado hoy, consolida una política pública injusta que tendrá graves consecuencias humanas y económicas a largo plazo.

El sistema de convenios especiales aprobado implanta una lógica de aseguramiento privado en la sanidad pública, siguiendo el criterio de “quien más necesita, más paga” en lugar de “quien más necesita, más recibe”, lo que rompe la base del estado de bienestar, que se fundamenta en prestar más apoyo a los más débiles. Esta regulación, que impone cuotas de casi 60€ mensuales para los adultos de hasta 65 años y de 150€ al mes para las personas mayores de esa edad, supondrá una barrera infranqueable para el acceso a la atención sanitaria de miles de personas en nuestro país.

Lo que no contempla la orden es qué ocurrirá con las personas que no puedan pagar el importe de estos convenios, que será la mayoría de la población inmigrante sin autorización de residencia en España y con quienes no cumplan el requisito de un año de empadronamiento ininterrumpido. “¿Se les dejará a las puertas de los hospitales? ¿Nos desentenderemos de ellos aunque padezcan enfermedades infecciosas con riesgo de contagio? ”, se pregunta Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo.

Además, las pocas personas que puedan hacer frente a este desembolso –superior al coste de los seguros privados-, se mostrarán reticentes a hacerlo, ya que al verse obligados a facilitar sus datos personales (NIE, domicilio, etc) a las autoridades se enfrentan a la posibilidad de una expulsión del país. Por otro lado, no deja de ser jurídicamente dudoso que la Administración pueda suscribir contratos con personas a las que no reconoce la estancia legal en el país.

En cualquier caso, muchas de las personas a quienes teóricamente va dirigida esta orden no poseen ningún documento de identificación, como ocurre con muchas personas provenientes de África que han llegado en pateras o cayucos a España, por lo que no podrán suscribir convenio alguno.

Asimismo, quienes suscriban estos convenios tendrán que abonar el 100% del coste de los medicamentos que necesiten para su tratamiento y otros servicios sanitarios “adicionales”, como rehabilitación, y la adquisición de prótesis externas o sillas de ruedas. Por ejemplo, el coste del tratamiento para una persona con VIH puede superar los 10.000 euros anuales, lo que supondrá que muchos enfermos suspendan el tratamiento por no poder hacer frente a este elevado importe.

González recuerda que obstaculizar el acceso a la salud de las personas inmigrantes perjudica a los propósitos generales de salud pública, entre ellos el del control del gasto, puesto que para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes y tienen menos coste que los tratamientos curativos.

“Esta orden hace operativo un Real Decreto, el 16/2012, profundamente injusto, que empeorará la salud tanto de las personas migrantes como del resto de la población española e incrementará las desigualdades sociales en nuestro país”, insiste el presidente de Médicos del Mundo.

Confusión entre las y los profesionales sanitarios

El retraso en la aprobación de esta orden -que desarrolla el RD que entró en vigor el pasado 1 de septiembre- ha generado un notable desconcierto tanto entre la población inmigrante como entre el personal sanitario.

En Médicos del Mundo hemos llegado a recibir llamadas de centros de salud preguntando cómo atender a las personas en situación administrativa irregular, lo que sin duda confirma la confusión existente y la mala información trasladada a los servicios de salud.

A esto se añade la heterogeneidad de criterios de acceso al sistema sanitario que están aplicando las diferentes comunidades autónomas, que van desde el libre acceso al sistema sanitario hasta la denegación de atención en los centros de salud.