Denunciamos que la sanidad pública niega atención a niños y niñas inmigrantes

Madrid, 28 de febrero de 2013.- Seis meses después de que comenzara a aplicarse el Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin cobertura sanitaria a miles de personas en España (entre 150.000 y 900.000 inmigrantes que no habían conseguido regularizar su situación administrativa el 1 de septiembre de 2012), el balance es desolador. No solo la norma ha negado el derecho a la salud de estas personas, sino que incluso aquellas que deberían estar recibiendo atención según este RDL no lo están consiguiendo fácilmente.

Esta dificultad es la que sufren a diario niños y niñas, a los que algunas comunidades autónomas están denegando la atención primaria, como Médicos del Mundo hemos documentado en Navarra y Castilla-La Mancha. En Pamplona, se trata del hijo de una familia procedente de Rumanía, mientras que en la localidad toledana de Illescas se niega la atención a los hijos de una familia marroquí y en Yepes a dos menores, de 1 y 2 años de edad, a cargo de un hombre de nacionalidad rumana.

La desatención alcanza también a mujeres víctimas de violencia de género, algunas de ellas con necesidad urgente de tratamiento psiquiátrico y medicación, como se ha documentado en Toledo.

Facturas en urgencias

Cuando las personas excluidas de la atención primaria ven agravarse sus dolencias y acuden a los servicios de urgencias, en ciertos hospitales son obligadas a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas, y días después reciben abultadas facturas en sus domicilios.

Después de denunciarlo públicamente, algunos responsables políticos han declarado que esas facturas no se cobran, pero la realidad es que a los y las pacientes que las reciben se les marca un plazo para el abono de las cantidades requeridas. Ante esto, cabe preguntarse: si no se pretenden cobrar, ¿por qué se emiten?

Por otra parte, el consejero de Sanidad de Aragón ha reconocido en respuesta a una pregunta parlamentaria el cobro efectivo de la atención sanitaria, y hay hospitales, como el Virgen de la Salud en Toledo, que han girado facturas superiores a los 3.000 € por un parto, cuando las embarazadas deberían tener completamente cubierta la asistencia en el sistema público de salud.

En la Comunidad de Madrid, centros sanitarios como la Fundación Jiménez Díaz han facturado la atención en urgencias a pacientes crónicos, a los que el propio centro estaba dando seguimiento desde 2007.

Acceso a medicamentos

En cuanto a las prestaciones que quedaron fuera de cobertura, es especialmente preocupante el hecho de que las personas afectadas tengan que abonar íntegramente el coste de los medicamentos que precisan. En el caso de enfermedades crónicas, como la diabetes o el VIH, los tratamientos, que han de ser de diarios, son tan costosos que muchos pacientes se ven obligados a interrumpirlos por falta de medios económicos, con el consiguiente peligro para sus vidas.

Si no se toman medidas para hacer accesible medicación vital -como la insulina- a las personas que la necesitan, más pronto que tarde se registrarán fallecimientos por esta causa.

Confusión entre el personal administrativo

Como avanzamos al cumplirse 3 meses de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, la indefinición del RDL y las confusas instrucciones (cuando no la ausencia de ellas) que los ejecutivos autonómicos han dado al personal de los centros sanitarios siguen generando graves casos de vulneración de derechos humanos.

Derivación a pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias entre trabajadores/as sociales y servicios económicos de los centros sanitarios o rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenga derecho a ella, son algunas situaciones generadas por la falta de claridad de la normativa.

En el caso de los menores a los que se denegó la asistencia en el municipio de Yepes, la administrativa del centro sanitario insistió en que “no tenían derecho” porque ni ellos ni el padre disponían de NIE. Los menores no fueron atendidos hasta que desde Médicos del Mundo informamos telefónicamente a la trabajadora del centro de salud de la excepción contemplada en el RDL respecto a los menores y de los protocolos del SESCAM, y le pidió que contrastara el hecho con la Gerencia de Tarjeta Sanitaria. Similar final tuvo el caso de los menores de Illescas.

Consideramos que no hay voluntad política por aclarar los numerosos puntos oscuros del RDL, y que la interposición en asuntos sanitarios de organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Empleo, solo buscan levantar barreras administrativas para dificultar el acceso a la sanidad a un colectivo que supone menos del 5% de los potenciales usuarios del sistema.

Sistemas de atención de difícil acceso

Entre las comunidades que aplican la norma pero que han articulado un procedimiento de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos se encuentra Galicia, con el Programa Gallego de Protección Social a la Salud Pública, y más recientemente, Canarias. Sin embargo, hemos detectado que los trámites burocráticos para acceder a estos servicios alternativos son tan intrincados, que en muchas ocasiones imposibilitan de facto la atención sanitaria. Es el caso de la exigencia de certificados de renta y propiedades de los países de origen de las personas migrantes que se están solicitando en Canarias, algo prácticamente imposible de conseguir.

De las 12 regiones en las que Médicos del Mundo tenemos presencia a través de nuestras sedes autonómicas, en Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Navarra se siguen documentando numerosos casos de vulneraciones de derechos, aunque también hemos recibido denuncias procedentes de otras comunidades.

Es importante destacar que se han registrado casos de dificultades en el acceso a la atención sanitaria en todas las comunidades, incluso las que se han posicionado en contra de la aplicación del RDL, aunque habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.

Esto indica que el mensaje implícito del abuso de sistema de bienestar por parte personas migrantes que ha lanzado el Gobierno con la figura del “turismo sanitario” ha podido calar en ciertos grupos de las profesiones de la administración sanitaria.

Lamentamos que la ministra Ana Mato, en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, celebrada ayer, miércoles 27 de febrero, no haya sabido despejar las preocupaciones ni por la exclusión de las personas migrantes del sistema sanitario ni por las consecuencias del copago sobre la salud de los colectivos más vulnerables. Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y Red Acoge promovimos ayer una campaña en twitter bajo la etiqueta #preguntaaMato para que las y los internautas plantearan sus dudas a la titular del ministerio, visibilizando así las preocupaciones que genera la reforma sanitaria.

También ayer entregamos en el registro del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad las más de 23.000 firmas recogidas en el marco de nuestra campaña Derecho a Curar en apoyo del personal sanitario objetor de conciencia ante la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes y para reclamar el mantenimiento de la universalidad del Sistema Nacional de Salud. 

El papel de Médicos del Mundo

En Médicos del Mundo continuaremos nuestra tarea de incidencia política hasta lograr la restitución total del derecho a la salud a las personas a las que les ha sido arrebatado. Además, tanto el personal contratado como el voluntariado de la organización ha ejercido y seguirá ejerciendo una labor de vigilancia del cumplimiento de la norma y de asesoramiento, acompañamiento, mediación y denuncia ante la Administración en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que la organización documente.