El derecho a la salud en Nicaragua, en riesgo

Dos meses después del comienzo de las protestas en Nicaragua, más de 200 personas han perdido la vida de forma violenta en el país centroamericano, donde Médicos del Mundo trabaja desde 1996. En su último reporte, la Comisión Interamericana calcula en 212 las personas fallecidas en Nicaragua hasta el 19 de junio por la crisis sociopolítica. La cifra que aporta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos limita los fallecimientos a 181 a 21 de junio.

La ciudadanía salió a la calle el pasado 18 de abril, a raíz de la aprobación sin consenso de una serie de reformas al reglamento de la Seguridad Social. Estas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional y fuerzas parapoliciales. A pesar de que la medida fue finalmente derogada, las protestas han ido aumentando en alcance y participación y el país se ha instalado en un profundo estado de crisis política, económica y social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena a “la agudización del uso excesivo de la fuerza estatal y la continuidad de los ataques por parte de actores parapoliciales y terceros armados, los cuales el Estado tiene la obligación de desmantelar”.

Pedimos el cese inmediato de la represión

Ante este escenario, nos sumamos a las voces de decenas de organizaciones nicaragüenses y organismos internacionales en su enérgica condena a las graves violaciones de derechos humanos, que muestran una preocupante escalada de la violencia y el conflicto.

Obstaculización a la atención en los hospitales y a la labor humanitaria.

Médicos del Mundo constata además que se está vulnerando el derecho a la salud y a la protección de la integridad física, psíquica y moral de la población. Entendemos la salud como un derecho humano fundamental y recordamos la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el acceso a atención sanitaria de buena calidad de acuerdo a las necesidades de la población y no condicionada por variables de índole político o social.

En este sentido, la CIDH ha expresado “suma preocupación por la falta de garantía y protección al derecho a la salud, tanto dentro de algunos hospitales, como mediante acciones atribuidas a fuerzas parapoliciales que estarían impidiendo que el personal humanitario y ambulancias brinden atención a las personas heridas”.

En este escenario, llamamos enérgicamente al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, con especial atención a las siguientes:

• Cesar de inmediato la represión a manifestantes y las detenciones arbitrarias de quienes participan en las protestas.
• Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
• Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
• Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
• Investigar las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.

En Médicos del Mundo entendemos la salud como un derecho humano fundamental. La entidad asume la Declaración de la Asamblea Médica Mundial de Lisboa sobre los Derechos del Paciente de 1981, y considera que la ética médica refuerza la defensa del derecho a la salud. Igualmente, defiende la libertad y obligación de las profesiones sanitarias de buscar los medios apropiados para asegurar la atención sanitaria cuando la legislación, una medida gubernamental o de cualquier otra institución niega el derecho a la salud al paciente.

Nos unimos a los reiterados llamados que se han hecho al Estado nicaragüense para que cumpla con las condiciones necesarias que aseguren la continuación del “Dialogo Nacional”, desde el convencimiento de que sólo el diálogo democrático y honesto puede garantizar el ejercicio de la soberanía popular, la búsqueda de la verdad y la justicia, el respeto y la garantía de los derechos humanos y el establecimiento de una paz duradera.