La comunidad internacional debe actuar para detener los ataques de colonos en Palestina

Los ataques de los colonos israelíes contra aldeas palestinas en Cisjordania se intensificaron el viernes 12 de abril y se extendieron hasta el domingo. Hasta ahora, los colonos han matado a dos personas palestinas, incluyendo un niño, y herido a docenas más. Alrededor del 40 por ciento de los heridos fueron con munición real. Además, los colonos incendiaron numerosas casas y vehículos en toda Cisjordania.

Según informan distintos medios de comunicación, miles de colonos israelíes armados, escoltados por el ejército israelí, invadieron aldeas palestinas de Cisjordania, incluidas Al-Maghayer, Khirbet Abu Falah, As-Sawiya, Deir Dibwan y otras en la zona al norte de Ramallah y al sureste de Naplusa. . Las fuerzas israelíes brindaron protección a los colonos, bloquearon las entradas a las aldeas e impidieron que las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina tuvieran acceso a las personas heridas. Los medios israelíes informaron que los colonos estaban tomando represalias contra las comunidades palestinas tras el asesinato de un niño israelí de 14 años en el puesto ilegal conocido como Malachei Hashalom, aunque se desconoce la identidad del autor.

Estos ataques contra comunidades palestinas enteras exigen una condena inequívoca. La comunidad internacional debe hacer presión rápida y decisivamente al Gobierno de Israel para que detenga estos ataques y reducir urgentemente la tensión de la situación. Actualmente, las comunidades palestinas cercanas a los asentamientos son completamente vulnerables a este tipo de ataques violentos. Como Potencia ocupante, el Gobierno de Israel está obligado a proteger a la población palestina. Sin embargo, ha permitido que estos ataques masivos se conviertan en algo común, y a lo largo de 2023 se produjeron ataques similares de colonos a gran escala en Huwwara, Turmusayya y muchas otras comunidades palestinas, a menudo con una impunidad casi total.

Con la atención internacional centrada en Gaza, el Gobierno de Israel no sólo ha permitido que la violencia de los colonos aumente en espiral, sino que también ha persistido en la expansión de los asentamientos israelíes construidos en tierras palestinas y se ha apoderado ilegalmente del territorio palestino al designarlo como "tierra estatal", violando flagrantemente el derecho internacional.

A pesar de que algunos Estados imponen sanciones a colonos violentos, estas medidas han resultado insuficientes para disuadir al Gobierno de Israel de transferir a sus ciudadanos al territorio palestino ocupado, armarlos, reclutarlos para reservas que sirven en Cisjordania y apoyar la expansión de los asentamientos mediante la expropiación de tierras y la construcción ilegal en los asentamientos existentes. La escala y la intensidad de los ataques de los colonos no han hecho más que aumentar.

La ONU ha documentado más de 700 ataques de colonos desde el 7 de octubre de 2023, y el promedio diario se duplicó de dos a cuatro en 2024. Estas cifras solo incluyen ataques que causaron víctimas o daños a la propiedad, pero quedan fuera los casos de amenazas con armas de fuego, acoso e intimidación. La ONU estima que el ejército israelí estuvo presente o involucrado en la mitad de los ataques de los colonos durante el año pasado. El Gobierno de Israel no ha asignado responsabilidad a los colonos y soldados israelíes por estos ataques, y tan sólo el 3% de las investigaciones israelíes sobre la violencia de los colonos han dado lugar a condenas totales o parciales. Además, solo en 2023, más de 1.500 personas palestinas se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia de los colonos, y desde entonces se les ha prohibido regresar.

AIDA hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra el Gobierno de Israel por no prevenir los ataques de los colonos, procesar a los colonos israelíes violentos y disuadir a sus fuerzas militares de unirse, participar o permitir de otro modo tales ataques. Se deben implementar medidas inmediatas para proteger a las comunidades palestinas que residen cerca de asentamientos ilegales. Además, se deben tomar medidas para abordar la grave violación del derecho internacional por parte del Gobierno de Israel al continuar trasladando su población al territorio palestino ocupado.

Además, es necesario que se unan esfuerzos para abordar la causa fundamental de la violencia de los colonos y garantizar el regreso seguro de la población palestinos desplazada a sus tierras. El traslado forzoso constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra. Quienes participen en el diseño e implementación de tales políticas serían penalmente responsables.
Los miembros de AIDA instan a terceros estados a:

1. Exigir al Gobierno de Israel que impida, cese y revierta inmediatamente cualquier construcción y expansión de asentamientos, incluida la creación de “puestos de avanzada”, y que ofrezca garantías de no repetición y proporcione reparaciones integrales por cualquier daño causado.
2. Exigir al Gobierno de Israel que procese judicialmente a los colonos israelíes por instigar e incitar a actos de violencia y que los expulse del territorio ocupado.
3. Ampliar las sanciones a colonos individuales para incluir organismos gubernamentales israelíes, funcionarios, organizaciones de colonos sin fines de lucro y cualquier otra entidad que busque activamente fomentar violaciones del derecho internacional humanitario, incluida la expansión de los asentamientos, el obstáculo a la entrega de ayuda humanitaria y el traslado forzoso de palestinos.
4. Exigir que el Gobierno de Israel revoque inmediatamente la designación del territorio ocupado como “tierra estatal”.
5. Exigir al Gobierno de Israel que adopte todas las medidas necesarias para poner fin al entorno altamente coercitivo que ha creado para la población palestina en Cisjordania.
6. Exigir al Gobierno de Israel que facilite el retorno inmediato de todas las comunidades palestinas desplazadas.
7. Buscar activamente el reemplazo del actual régimen de planificación discriminatorio impuesto por el gobierno israelí en el Área C (el área totalmente controlada por Israel y el único territorio contiguo en Cisjordania) con un proceso de construcción autónomo, basado en los derechos y liderado por los palestinos.