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Naciones Unidas suspende a España en derechos sociales

Fotografía: Javier Teniente
Dos jóvenes inmigrantes se calientan antes de salir a trabajar a  los invernaderos almerienses.

Naciones Unidas suspende a España en derechos sociales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU llama al Gobierno a dar por concluidas las medidas de austeridad
Esencial
  • Insta al Estado a restablecer el acceso al sistema sanitario de las personas migrantes en situación administrativa irregular
  • Le pide corregir las disparidades detectadas en los servicios de salud sexual y reproductiva

El Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llama al Estado español a poner fin a las medidas de austeridad por su impacto desproporcionado sobre los grupos y personas más excluidos al favorecer el incremento de la desigualdad y del riesgo de pobreza entre estos colectivos.

Recuerda que nuestro país ha mostrado una recuperación económica a partir de 2014 y que dichas medidas deberían ser temporales. Destaca que tras cinco años de haber iniciado su implementación, el Estado “no haya realizado una evaluación exhaustiva y con consulta a los afectados sobre los impactos de esas medidas, su proporcionalidad y temporalidad”, como se puede leer en las Observaciones Finales de la revisión del informe presentado por España ante dicho organismo los días 21 y 22 de marzo en Ginebra.

Las recomendaciones emitidas reflejan la evidencia aportada por el informe paralelo remitido al Comité por el Center for Economic and Social Rights (CESR), Médicos del Mundo y 34 organizaciones españolas. El Comité, conformado por 18 personas expertas de diferentes nacionalidades, ha instado a España a otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales el mismo estatus que los derechos civiles y políticos en su ordenamiento jurídico y a que establezca en su legislación las protecciones y garantías para su aplicabilidad y justiciabilidad.

Una sanidad sin discriminación

El Comité reclama al Gobierno de España que tome “las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto”.

Determina que el real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, ya que no solo limitó el acceso a servicios de salud a personas inmigrantes, sino que ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud” e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas.

En este sentido, expresa su preocupación por algunas sentencias recientes del Tribunal Constitucional (TC) que impiden que las Comunidades Autónomas protejan mediante sus propios recursos los derechos del Pacto. Un caso paradigmático son la serie de decisiones del TC que desde el pasado mes de diciembre han ido declarando inconstitucionales varias normativas autonómicas que ampliaban la cobertura sanitaria a colectivos excluidos.

impacto negativo del RDL 16/2012 en el acceso de las mujeres migrantes a información y a servicios de salud sexual y reproductiva

También se ha referido al impacto negativo del RDL 16/2012 en el acceso de las mujeres migrantes a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia.

De igual modo, recomienda a España que asegure la enseñanza integral y apropiada para ambos sexos sobre salud sexual y que cuente con un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud. Asimismo, debe eliminar las disparidades entre Comunidades Autónomas (CCAA) en la distribución de contraceptivos de emergencia y en el acceso y disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva. Finalmente, recoge la supresión del requisito de tener el consentimiento del representante legal para que las adolescentes entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

El Estado debe asegurar la efectiva implementación del Plan Estratégico sobre Igualdad de Género 2018-20121 para combatir la discriminación de la mujer y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres.

Desigualdad entre CCAA, empleo y fiscalidad

Otras de las indicaciones serían cerrar las brechas injustificadas de desigualdad entre las Comunidades Autónomas porque impiden el disfrute de los derechos económicos y sociales, y hacer una evaluación exhaustiva de su actual política de empleo para abordar de manera efectiva las causas profundas del desempleo, la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres y las distintas formas de trabajo precario, incluyendo la alta incidencia de contrataciones temporales que afectan a las mujeres, principalmente.

Sostiene además que España debe velar por que su sistema fiscal “sea socialmente justo y con un mayor efecto redistributivo” y señala como motivo de preocupación que la política fiscal “no sea suficientemente efectiva para hacer frente a los efectos adversos de la creciente desigualdad”. Entre otras, insta al Gobierno español a adoptar medidas estrictas para combatir el fraude fiscal, en particular el cometido por empresas y las grandes fortunas.

Las organizaciones firmantes consideramos que las Observaciones Finales del Comité constituyen una base sólida y un marco de referencia excepcional para exigir al Estado Español el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto. El Estado debe informar dentro de los próximos 18 meses siguientes sobre el avance realizado en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité sobre las medidas de austeridad; el derecho a la salud y vivienda (desahucios). Esta será una oportunidad para que el Estado muestre su voluntad política de cumplir con las obligaciones que ha contraído bajo el Pacto y de la coherencia de sus políticas para una recuperación económica justa y sostenible.

Organizaciones firmantes del informe alternativo al Comité DESC:

Center for Economic and Social Rights (CESR) • Médicos del Mundo • Oxfam-Intermón • Observatori DESC • Asociación de Economía de la Salud (AES) • Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) • Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) • Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) • Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) • Asociación de Enfermería Comunitaria • Comisiones Obreras (CCOO) • Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) • ARI-PERU • Asociación con la A • Asociación de Mujeres Integradoras para la Igualdad Psicosocial (AMILIPS) • Asociación Feminista Tiemar • Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIET) • Asociación de Planificación Familiar de Catalunya I Balear (APGCIB) • Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia • Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) • Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria • Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) • Federación Mujeres Jóvenes • Forum de Política Feminista • Frente de lucha Feminista (FLF) • Fundación Haurralde • Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID) • Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad España (WILPF) • Medicusmundi • ODUSALUD • Oxfam-Intermón • PASUCAT • Red Transnacional de Mujeres/Networkwoman • Salud por Derecho • SOS Racismo • Trabajando en Positivo • Women´s Link Worldwide (WLW).

            Atención en los asentamientos almerienses.