Plataformas y bancarización de las Cajas de Ahorros

La decisión del Consejo de Ministros de “bancarizar” las Cajas de Ahorros supone un retroceso del Estado del bienestar, según denuncian las organizaciones integrantes de la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma de Voluntariado en España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

La labor social de las cajas de ahorros se refleja en el número de personas beneficiarias de sus proyectos solidarios. 162 millones de personas se beneficiaron en 2009 de los proyectos y actividades de la Obra Social. Más de 2.000 millones de euros se dedicaron a financiar iniciativas sociales y ciudadanas, con especial dedicación al área socio-asistencial, que presta servicio y atención a las personas más vulnerables. 

En el contexto de crisis actual, esta nueva legislación antepone el interés privado frente a la misión social de las cajas de ahorros, justo en un momento en el que se deberían garantizar modelos financieros competitivos y solidarios, según la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma de Voluntariado en España (PVE) –de las que Médicos del Mundo formamos parte-, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Las Cajas de Ahorros han sido el principal socio privado del tercer sector de acción social -según un estudio elaborado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en el año 2009-, contribuyendo de manera indispensable a los avances en materia social.

Las obras sociales han financiado el 40 % de los proyectos dirigidos a las personas con discapacidad, una aportación indispensable para el desarrollo de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia.

Asimismo, la bancarización aprobada por el Ejecutivo se puede traducir, además, en un aumento de la desigualdad de acceso al sistema financiero para los colectivos en riesgo de exclusión y para las personas establecidas en zonas rurales, que pueden verse excluidas.

Respecto a la capitalización de las cajas, en ningún caso el capital de las Cajas tras la reforma debe ser inferior al 51%, manteniendo garantías de participación social en las futuras Fundaciones y de fondos para las Obras Sociales con el objetivo de mantener los fines que ahora tienen previstos.

Las cuatro plataformas hacen un llamamiento al Gobierno para que tenga en cuenta la opinión del tercer sector de Acción Social en la elaboración de esta normativa que transformará el sistema financiero español y que incidirá directamente sobre los colectivos más vulnerables. Además, animan a la sociedad civil y a las organizaciones del Tercer Sector a que se sumen a este posicionamiento que defiende el Estado de Bienestar frente a los intereses privados.