Resolución pro acceso a la salud del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución sobre "La reducción de las desigualdades en salud en la UE ", en la que insta a los Estados miembro a hacer frente a las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. La Resolución ha sido aprobada por 379 votos a favor, 228 en contra y 49 abstenciones. Representa la primera oportunidad en la que el Parlamento Europeo aborda tan claramente el derecho fundamental a la salud de todas las personas residentes en la UE.

Con esta Resolución, el Parlamento Europeo llama la atención sobre el hecho de que "las desigualdades en salud no sólo son el resultado de una serie de factores económicos, ambientales y relacionados con el estilo de vida, sino también de los problemas relacionados con el acceso a la asistencia sanitaria".

"El acceso equitativo a la salud de la población inmigrante indocumentada en muchos países de la UE no está garantizado, no sólo en la práctica sino que tampoco a través de su legislación", según se pone de manifiesto desde la Eurocámara.

En ella, el Parlamento Europeo solicita a los Estados miembro que:

• Aseguren que los grupos más vulnerables, incluidos migrantes indocumentados, tengan derecho a disfrutar de un acceso equitativo a la atención sanitaria.
• Evalúen la posibilidad de apoyar la atención médica a las personas migrantes indocumentadas, definiendo los elementos básicos de la asistencia sanitaria en función de los criterios comunes a toda la Eurozona y también a sus legislaciones nacionales.
• Aseguren que todas las mujeres embarazadas y menores de edad, independientemente de su condición, tengan derecho al disfrute efectivo de protección social tal como se defina en su legislación nacional.

El 8 de diciembre de 2010, un grupo de eurodiputados y eurodiputadas, junto con Médicos del Mundo, la Red HUMA (Red por la salud de la personas migrantes indocumentadas o solicitantes de asilo), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), el Lobby Europeo de Mujeres y la Plataforma de Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUN) se unieron en una audiencia pública celebrada en Bruselas en defensa de un acceso igualitario a la atención sanitaria.

Su primera reivindicación para los Estados miembro de la UE fue la de abordar las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes sin permiso de residencia - en particular, de menores y de mujeres-.

Pidieron, además, la adopción de las medidas precisas para proteger el derecho a la salud de este colectivo y garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su situación administrativa o de sus recursos financieros.

Equiparación del derecho de acceso a la salud en Suecia

Otro avance relativo al acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes se ha producido en Suecia, con el acuerdo por parte de su Gobierno y de Los Verdes para ampliar la legislación que regula la asistencia sanitaria para las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Según declaraciones del Ministro de Asuntos Sociales, Göran Hägglund, el objetivo del Ejecutivo es asegurar que todas las personas residentes en Suecia tengan los mismos derechos a la asistencia sanitaria aunque, por ahora, no ha aclarado exactamente qué colectivos de inmigrantes en situación irregular serán cubiertos por la nueva ley, ni de qué tipo de asistencia sanitaria van a disfrutar.

En la actualidad, en Suecia, las personas solicitantes de asilo e inmigrantes sin permiso de residencia se encuentran explícitamente discriminadas por la legislación que regula el acceso a la asistencia sanitaria.

La única excepción corresponde a las y los hijos de solicitantes de asilo, a menores que sean solicitantes de asilo o a cuyos padres se les haya denegado dicho permiso. Las personas adultas solicitantes de asilo sólo tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita en casos “no aplazables” (urgencias), así como a la atención pre y post natal, a la planificación familiar y al aborto. Además, deben pagar una contribución por recibir algunos de estos servicios.

En consecuencia, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, incluidos menores de edad (que no estén en el caso anteriormente mencionado) y las mujeres embarazadas o personas en situación de urgencia no tienen ningún tipo de acceso a la asistencia gratuita reconocida por el Estado sueco para el resto de la población. La propuesta del Gobierno aún debe pasar el trámite parlamentario.