En La Rioja, la aplicación del marco estatal en material de sanidad se realiza desde una interpretación restrictiva que, en la práctica, limita el acceso al sistema sanitario y convierte la universalidad en un reconocimiento más formal que efectivo. El acceso está especialmente condicionado por el empadronamiento, que se configura como una barrera estructural, agravada por la falta de información en los mostradores y por la denegación o retraso en el acceso a trabajo social, lo que bloquea las pocas vías alternativas existentes .
La ausencia de criterios unificados, la arbitrariedad en la tramitación y prácticas como la facturación a mujeres embarazadas o menores, dejan en evidencia a un sistema que no garantiza un acceso efectivo a la atención sanitaria para las personas más vulnerabilizadas.
