La UE ha elegido el miedo sobre la atención: condenamos la adopción del Reglamento de Retorno
© Ignacio Marín / Médicos del Mundo
Hoy, el Parlamento Europeo votó a favor de la reformulación del llamado Reglamento de Retorno. Al priorizar la deportación sobre la protección y el miedo sobre la atención, la UE ha seguido un camino que tendrá consecuencias directas, previsibles y graves para la salud física y mental. Médicos del Mundo, que ofrece atención sanitaria en diferentes contextos a poblaciones en situaciones vulnerables, responde hoy con claridad: esta regulación no es una solución y no debe celebrarse. Es una emergencia de salud pública en ciernes.
El Reglamento de Retorno europeo permitirá concretamente el establecimiento de centros de deportación extraterritoriales (los llamados ‘centros de retorno’) fuera de la Unión Europea, ampliará el uso y la duración de la detención, y autorizará redadas policiales al estilo ICE en domicilios particulares y otras instalaciones relevantes. Funcionarios de la Unión Europea la han descrito como la «pieza perdida» del Pacto sobre Migración y Asilo, que se ha implementado en toda la UE desde el 12 de junio.
Médicos del Mundo ha advertido de forma constante a los legisladores de la UE sobre lo que significaría esta regulación en la práctica y ha pedido su rechazo, junto con más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 1.300 trabajadores sanitarios en toda la UE. Mientras tanto, algunos representantes del Parlamento Europeo que promueven este Reglamento han celebrado lo que llaman el amanecer de una nueva era de deportaciones. Médicos del Mundo advierte que lo que realmente está comenzando es una era de crisis de salud pública, que afectará a nuestros sistemas de salud pública y se hará presente en los centros de salud, en salas de espera de hospitales y en los servicios de urgencias en toda Europa.
Las consecuencias humanas
Seamos claros sobre lo que hoy se está convirtiendo en ley.
La gente tendrá miedo de acudir a los servicios sanitarios. El reglamento incluye medidas de investigación que permitirían redadas domiciliarias al estilo de ICE para arrestar y deportar a personas sin permiso de residencia. Estas redadas también podrían tener lugar en cualquier «otro lugar relevante», incluyendo centros de salud, refugios, puntos de distribuciones de alimentos y otros lugares donde
las personas en condiciones vulnerables buscan ayuda. Hemos visto lo que ocurre cuando se imponen políticas que dan prioridad a la represión. En Estados Unidos, medidas similares llevaron a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas con enfermedades crónicas a evitar hospitales y centros de salud incluso en emergencias. Europa está eligiendo ahora el mismo camino.
La detención sin garantías adecuadas se convertirá en la norma. El nuevo Reglamento europeo permite detenciones de hasta 30 meses, incluyendo familias con menores de edad. La evidencia sobre las consecuencias para la salud de la detención prolongada es inequívoca: estrés, trauma, ansiedad y daños duraderos a la salud mental. Además, durante ese tiempo, las personas podrían no tener acceso a la atención sanitaria en absoluto, lo que genera discontinuidad en el tratamiento y un sufrimiento creciente.
Centros de deportación extraterritoriales. El reglamento abre la puerta a crear centros de detención fuera del territorio de la UE donde no se puede garantizar el propio marco de derechos fundamentales de la UE; donde no se garantizará el acceso a la atención sanitaria y donde las condiciones de salud se deteriorarán con poca provisión de supervisión o garantías procesales. Las familias con niños y niñas acabarán en estas instalaciones. Las personas pueden ser deportadas a países con los que no tienen ninguna conexión.
La confidencialidad médica se verá socavada. El reglamento permite compartir datos médicos con las autoridades de inmigración y terceros países con fines de deportación. Coloca a las y los profesionales sanitarios en una posición imposible: entre su deber de atender y la obligación de participar en la aplicación de la ley. La confianza entre pacientes y profesionales de la que depende una atención sanitaria eficaz se destruirá.
La salud es un derecho fundamental
Médicos del Mundo reafirma que la salud es un derecho fundamental, no una elección política. La UE y sus Estados miembros tienen la obligación de defender el derecho a la salud en todas las políticas, tal como está consagrado en el derecho de la UE y en el Derecho Internacional. La salud debe integrarse en la política migratoria, no tratarse como una idea secundaria, no ser aplicada selectivamente y no limitarse únicamente a la atención de emergencia.
«El derecho a la salud no se detiene en una frontera, y no depende de un permiso de residencia. La política migratoria es una política sanitaria porque cada decisión tomada sobre cómo se examina, detiene, traslada o deporta a las personas tiene consecuencias directas para la salud física y mental. Sin embargo, una vez más, la UE ha adoptado una legislación migratoria importante sin una evaluación seria de su impacto en la salud. Eso no puede continuar«. Dijo Andrea Soler, asesora de Migración y Defensa Humanitaria de Médicos du Monde.
Esta regulación es ahora ley. Pero Médicos del Mundo continuará documentando el coste humano de lo que se ha adoptado hoy, desafiando su aplicación donde se violen derechos fundamentales y apoyando a las personas más afectadas.