Multar a personas que ejercen la prostitución sólo persigue hacerlas menos visibles

La “criminalización y estigmatización” que emana de la nueva ordenanza de mendicidad y prostitución del Ayuntamiento de Alicante contempla sanciones de entre 750 y 3.000 euros de multa para aquellas personas que ejerzan la prostitución en la vía pública y para sus clientes.

Médicos del Mundo Comunitat Valenciana hemos advertido de la “criminalización y estigmatización” que emana de la nueva ordenanza de mendicidad y prostitución del Ayuntamiento de Alicante, aprobada el lunes en solitario por el Partido Popular en el Pleno y que contempla sanciones de entre 750 y 3.000 euros de multa para aquellas personas que ejerzan la prostitución en la vía pública y para sus clientes.

En nuestra opinión, actuar a nivel represivo contra personas “que no son delincuentes, sino víctimas discriminadas socialmente”, sólo está encaminado a disminuir la visibilidad de estas realidades, pero no hacia su solución.

Desde Médicos del Mundo, que desarrollamos desde 1994 en la Comunitat Valenciana programas dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y que ejercen la prostitución, manifiestamos nuestra “rotunda disconformidad” hacia la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Alicante.

Consideramos que el único fin que se persigue con esta norma “es el desplazamiento y la disminución de la visibilidad de estas realidades, pero en ningún momento se pretende abordar de manera efectiva los fenómenos de la prostitución, la mendicidad y de las personas sin techo que viven en nuestras calles”. 

Apoyamos a los ayuntamientos para que cumplan sus funciones de defensa del buen uso de la vía pública y preservación del espacio público como lugar de convivencia y civismo; pero que lo sea para todos los ciudadanos por igual sin distinción clasista. Si la ordenanza persigue que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo no se puede penalizar, por ejemplo, la libertad del colectivo de “Sin techo”.

Por último, desde nuestro punto de vista, la citada normativa sólo refuerza la exclusión social y castiga a víctimas vulnerables como son las mujeres y hombres que ejercen la prostitución callejera, promoviendo su actividad en zonas aisladas y poco protegidas, “en vez de dirigir la acción represiva a luchar contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual”.