Urge la atención y protección a personas migrantes en Guatemala

La actual crisis migratoria viene desencadenada por el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos sobre la otorgación de 24.000 solicitudes de asilo a personas de origen venezolano, que ha desencadenado un éxodo desde distintos países de Latinoamérica en condiciones muy precarias. En su tránsito han enfrentado además la tormenta Julia y las condiciones propias de un camino hostil.  

Algunos países les han otorgado salvoconductos para continuar su viaje, sin embargo a su ingreso por Guatemala se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Se les exige una visa consultada para su ingreso regular y, si no la tienen, son retenidos y expulsados del país. Además, la posibilidad de contar con un salvoconducto es prácticamente nula. Esto aumenta los casos de corrupción de parte de funcionarios policiales, que amenazan a transportistas y organizaciones humanitarias con aplicar el artículo 103 del Decreto 05-2022 sobre tráfico de personas, que contempla una pena de hasta 30 años. 

A pesar de ello, en las últimas semanas continúa el tránsito de personas venezolanas por Guatemala, muchas de ellas en condiciones de agotamiento, cansancio, sin recursos económicos, con enfermedades respiratorias y dérmicas y con necesidades de ayuda humanitaria inmediata. Ante esta situación, la respuesta del gobierno de Guatemala ha estado orientada a militarizar las fronteras y hacer uso de la fuerza para evitar el ingreso de esta población. Además, el apoyo humanitario brindado por las instituciones del Estados ha sido nulo. Solo está presente el Instituto Guatemalteco de Migración para verificar el estatus de las personas migrantes y, si se encuentran en situación irregular, trasladarlas al albergue para tramitar su expulsión.  

Los cambios en la política de Estados Unidos respecto al otorgamiento del estatus de refugiado a las personas de origen venezolano y la aplicación del título 42, que prohíbe el ingreso de personas a su territorio para evitar la expansión de la COVID-19, ha ocasionado que muchas personas venezolanas que se encuentran en Guatemala decidan regresar a su país acogiéndose a su derecho al retorno. Para estos casos el Instituto Guatemalteco de Migración ha puesto a disposición el trámite migratorio de retorno voluntario como mecanismo para que las personas puedan abandonar de manera regular el país con sus propios recursos. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con recursos, así que se han abocado al Programa de Retorno Voluntario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que exige varios requisitos y tiempos de espera, pero no contempla el apoyo a las personas migrantes y sus familiares con los gastos de alimentación, hospedaje y medicamentos previos a su retorno.  

Por ello, existen varias familias de venezolanos en tránsito por Guatemala que necesitan apoyo humanitario previo a su retorno, o salida del país. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen desde distintas organizaciones, Iglesia y personas individuales no son suficientes.  

Hacemos un llamamiento:  

• A las instituciones del Estado a cumplir con el con el principio de no devolución, consagrado en el Código Guatemalteco de Migración, además de su artículo 2, referente al acceso de las personas a los servicios y dependencias del Estado; del artículo 10, sobre la obligación de protección del Estado; y del 58, sobre la interpretación de la legislación a favor de los derechos de las personas migrantes. 
• Al Gobierno de Guatemala a que considere eliminar la visa consultada para el ingreso de personas de origen venezolano, cuando es de conocimiento amplio que éstas se encuentran en su mayoría con necesidad de protección y en constante movilidad.  
• Al Gobierno a que declare una crisis humanitaria ante la realidad inminente que vive actualmente el país, con el éxodo de personas de diferentes nacionalidades cuya presencia demanda necesidad de protección y atención en su tránsito por Guatemala. 
• A la OIM a que amplíe el programa de retorno asistido, incluyendo la ayuda humanitaria que necesitan las personas y familias antes de su retorno.  
• Al Gobierno a fortalecer la coordinación e implementar nuevas acciones en conjunto con las agencias de Naciones Unidas para generar condiciones de atención, protección y amparo de las personas migrantes en su tránsito, destino, retorno y/o solicitud de refugio. 
• Al gobierno y al sistema de Naciones Unidas a establecer la distinción entre el tráfico ilícito de migrantes con la ayuda humanitaria y generar criterios que posibiliten la investigación y tratamiento correcto de este delito, según decreto 05-2022 y el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.  
• A la ACNUR a generar y proporcionar apoyo humanitario a la población migrante que reúna las condiciones de solicitante de refugio o de necesidad de protección internacional, aunque no sea solicitante de asilo en Guatemala. 
• A los medios de comunicación a que difundan la realidad que viven las personas migrantes sin sesgos discriminatorios que pueden estigmatizarles.  
• Reconocemos el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, Iglesia y personas individuales, quienes han sido solidarios con la población migrante e instamos a seguir haciéndolo y combatir las prácticas discriminatorias. 

Organizaciones firmantes 

Misioneros de San Carlos Scalabrini –Casa del Migrante Guatemala Pastoral de Movilidad Humana. Conferencia Episcopal de Guatemala Mesa Nacional para las Migraciones –MENAMIGInstituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDESEquipo de Estudios Comunitarios –ECAPPrograma de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMIRed Jesuita con Migrantes American Friends Service Committe Comité Central Menonita Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas –FGERAsociación Pop Noj Médicos del Mundo Asociación La Alianza Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas –IIHAA-USACInstituto de Investigaciones en Ciencias Socio Humanistas -CESH/URL-