Este informe tiene como finalidad visibilizar, documentar y analizar las vulneraciones de derechos detectadas en el marco de la intervención directa con mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en Navarra. El informe se sustenta en un enfoque predominantemente cualitativo de carácter descriptivo, basado en la sistematización de observaciones, experiencias y registros acumulados durante la intervención profesional. La información analizada corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
La sistematización se ha realizado a partir de la observación directa, los registros internos de atención y la coordinación con otros servicios y recursos del territorio, quedando recogida de manera sistemática en la base de datos interna de Médicos del Mundo ActivityInfo, lo que ha permitido combinar el análisis de información cuantitativa con aportaciones cualitativas. Aunque no responde a un diseño de investigación adhoc, el material recogido permite identificar con claridad patrones estructurales de exclusión, discriminación y violencia institucional que obstaculizan el acceso efectivo a derechos fundamentales.
Las situaciones descritas afectan a múltiples esferas de la vida de las mujeres: el derecho a la salud, a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, a la protección social, al reconocimiento como víctimas de violencia, al acceso a los recursos específicos de acogida y alojamiento, a la atención de la dependencia y a una tramitación administrativa diligente en el ámbito de extranjería.
En todos estos ámbitos se constatan obstáculos normativos, técnicos y/o actitudinales por parte de las instituciones que, en lugar de garantizar el ejercicio de derechos reconocidos legalmente, los condicionan, los retrasan o directamente los niegan, de forma incompatible con la legislación foral, estatal e internacional en materia de derechos humanos.
A la luz de los casos recogidos y sistematizados en este informe, puede concluirse que persiste una brecha significativa entre el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres en situación de prostitución y/o trata con fines de explotación sexual y su ejercicio efectivo en la práctica, reproduciendo patrones de exclusión que refuerzan la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres.
Las vulneraciones detectadas se manifiestan en múltiples formas: exigencias indebidas de documentación o duplicados, desconocimiento de la normativa específica, derivaciones innecesarias que revictimizan, denegaciones basadas en interpretaciones restrictivas, demoras excesivas en la tramitación de derechos reconocidos o directamente la no activación de protocolos de atención en situaciones de violencia. Estas prácticas suponen un incumplimiento de los derechos recogidos tanto en la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres como en otras normas de ámbito autonómico, estatal e internacional.
Del análisis transversal de los casos se desprende también una falta de formación específica, sensibilidad y coordinación entre servicios, lo que contribuye a que las mujeres no sean reconocidas como titulares de derechos, sino tratadas desde el estigma o la infravaloración de su experiencia de violencia. Esta desconfianza institucional refuerza el desapego de las mujeres hacia los sistemas públicos y obstaculiza la posibilidad de iniciar itinerarios de inclusión y recuperación con garantías de protección y reparación.
Las situaciones recogidas no deben entenderse como hechos aislados, sino como expresiones de dinámicas estructurales que perpetúan la desigualdad, la exclusión y la revictimización institucional. Por ello, se hace necesario documentarlas, visibilizarlas y exigir cambios que garanticen el acceso real y efectivo a los derechos reconocidos.
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