En Castilla-La Mancha, las personas migrantes enfrentan importantes barreras de acceso al SNS, pese a las normativas existentes que reconocen el derecho a la salud. Entre los principales obstáculos se encuentran los requisitos administrativos, como demostrar tres meses de estancia o la imposibilidad de tramitar la tarjeta sanitaria para personas de la UE o reagrupadas por familiares. También destaca la desinformación sobre el acceso a la salud y el aumento de las actitudes racistas o xenófobas y prácticas discriminatorias que dificultan el acceso efectivo a la atención sanitaria en igualdad de condiciones. A ello se suman importantes dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente para mujeres sin tarjeta sanitaria, que en muchos casos deben asumir los costes o enfrentarse a retrasos que comprometen su derecho.
