La estructura administrativa en Madrid genera barreras adicionales para el acceso a la sanidad pública, especialmente a través de las Unidades de Tramitación, que centralizan y retrasan el acceso, utilizan criterios opacos, carecen de transparencia y constituyen una herramienta de desigualdad.
El perfil de las personas afectadas está marcado principalmente por población migrante —especialmente de Latinoamérica (85,3%)— y el acceso al sistema está condicionado por requisitos administrativos como el empadronamiento, que implican demoras de hasta varios meses sin acceder a la atención. Todo esto hace que no se pueda hablar de Sanidad Universal ni de Derecho efectivo a la Salud para todas las personas en la comunidad de Madrid.
