Las ONG mantienen su recurso ante el Tribunal Supremo israelí tras la última audiencia
18 miembros de una coalición de organizaciones humanitarias representadas por la Association of International Development Agencies (AIDA) han reafirmado su decisión de seguir adelante con una petición ante el Tribunal Supremo de Israel, tras la audiencia celebrada la semana pasada.
La petición fue presentada por AIDA y varias ONG internacionales que operan en el territorio palestino ocupado (oPt), tras la introducción de un nuevo sistema de registro israelí que ha puesto a decenas de organizaciones humanitarias internacionales, incluidas muchas miembros de AIDA, en riesgo de ver restringida aún más su capacidad de operar en Israel y en el oPt. Aunque las solicitudes presentadas se enmarcaban en el nuevo sistema, estas siguen paralizadas debido a las exigencias de proporcionar datos confidenciales de nuestro personal.
Dadas las graves implicaciones que tiene esto para el acceso humanitario, los miembros de AIDA continúan con este proceso legal porque consideran que el caso plantea cuestiones fundamentales de derecho que merecen una consideración judicial completa. En la audiencia, el Tribunal limitó los argumentos al ámbito de la protección de datos, impidiendo a las organizaciones demandantes presentar cuestiones legales y de seguridad más amplias, incluidas las obligaciones de Israel como potencia ocupante y la legalidad de medidas que podrían obstaculizar la actividad humanitaria. Los miembros de AIDA expresaron profunda preocupación porque la audiencia no ofreció espacio suficiente para abordar estas cuestiones centrales y porque no se permitió el acceso a la sala a las organizaciones demandantes ni a diplomáticos, mientras que sí se permitió la entrada a altos cargos del Gobierno israelí, sus acompañantes y otros observadores no vinculados al procedimiento, que además resultaron disruptivos.
El Estado ha confirmado que exige la presentación de datos personales de todo el personal en Gaza y Cisjordania, independientemente de su conexión con posibles entradas a Israel. En un contexto en el que cientos de trabajadores humanitarios han sido asesinados, la transferencia obligatoria de datos sensibles sin garantías claras, transparencia o limitaciones sobre su uso genera riesgos reales. Asimismo, supondría una vulneración de los estándares internacionales de protección de datos y de las obligaciones legales de muchas organizaciones con sede en la Unión Europea. Esto sitúa a las organizaciones demandantes en una posición imposible, ya que cumplir con estos requisitos implicaría vulnerar sus obligaciones legales y su deber de protección, mientras que no cumplir probablemente daría lugar al rechazo de su petición.
Las organizaciones demandantes subrayan que están comprometidas a hacer todo lo posible para seguir operando en el territorio palestino ocupado y continuar prestando asistencia bajo el registro de la Autoridad Palestina, pero temen que la pérdida del registro israelí obstaculice aún más su capacidad de operar en todo el territorio en un momento en que las necesidades humanitarias siguen siendo enormes. Las ONG internacionales son fundamentales en la respuesta humanitaria: proporcionamos más de la mitad de la ayuda alimentaria en Gaza, apoyamos a la mayoría de los hospitales de campaña y ofrecemos servicios esenciales de alojamiento, agua, saneamiento, nutrición y educación en emergencias. Incluso cuando las organizaciones contábamos con registro válido, se bloqueó durante más de un año la entrada de insumos en Gaza y, durante ese periodo, se rechazaron solicitudes para desplegar personal internacional en la Franja. Cualquier nueva reducción del acceso operativo tendría consecuencias previsibles y aún más devastadoras para la población civil.
Dadas las condiciones catastróficas en Gaza y el deterioro de la situación en Cisjordania, incluido el aumento de la violencia de colonos, el incremento del desplazamiento y el endurecimiento de las restricciones de acceso, el acceso humanitario debe ampliarse, no reducirse.
AIDA y las organizaciones demandantes instan, por tanto, a las autoridades israelíes a revisar y ajustar los procedimientos de registro actuales para que no obstaculicen la ayuda humanitaria. Asimismo, hacen un llamamiento a los gobiernos donantes para que utilicen todas las vías diplomáticas, políticas y legales disponibles para presionar en favor de la suspensión y reversión de las medidas que restringen el acceso humanitario.
