Castilla y León mantiene una aplicación restrictiva de la normativa que limita el acceso efectivo a la atención sanitaria: la exigencia del empadronamiento como vía principal para acreditar la estancia, las dificultades para acceder a recursos sociales y la falta de aplicación homogénea del marco legal generan situaciones de exclusión sanitaria que afectan incluso a colectivos con especial protección como solicitantes de asilo, mujeres embarazadas o menores.
Se han identificado barreras específicas en el acceso a la atención sanitaria para personas migrantes con enfermedades infectocontagiosas, como el VIH o la sarna, con diferencias territoriales significativas que facilitan el acceso en provincias como Valladolid frente a otras como Palencia. Esta desigualdad pone de manifiesto la necesidad de establecer protocolos claros y homogéneos que agilicen el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, así como el acceso a seguimiento, medicación y tratamientos.
