A lo largo de la última década el Gobierno Vasco fue adaptando su marco regulatorio para mantener el acceso sanitario de las personas en situación administrativa irregular y mitigar los efectos restrictivos que tuvo RDL 16/2012, que expulsó a miles de personas del sistema nacional de salud. Sin embargo, la noción de universalidad en el acceso a la atención sanitaria no puede quedar reducida a un mero reconocimiento legal.
Personas en tratamiento activo se han visto afectadas por procesos colectivos de retirada de cobertura sanitaria o “depuraciones” que son justificadas por la saturación del sistema sanitario. Además, no hemos constatado ningún esfuerzo en formar al personal administrativo para atender al conjunto de la población, y las irregularidades administrativas son habituales.
