Las barreras discriminatorias para acceder a servicios públicos de salud persisten en España

Para poder llevar a cabo el Informe de barreras de acceso al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas, hemos entrevistado a más de 7000 personas durante 8 meses y hemos identificado más de 12.000 barreras que han tenido que confrontar las personas atendidas por nuestros equipos en 14 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias) y en la Ciudad Autónoma de Melilla.

En total, hemos documentado 7075 barreras de acceso al sistema nacional de salud durante los 8 meses de recogida de información. De éstas, el 56,2% son mujeres y el 47,8%, hombres.

Barreras discriminatorias de carácter administrativo

Garantizar un acceso no discriminatorio a los bienes y servicios de salud exige que los Estados reconozcan el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. En el caso del Estado español este reconocimiento ha estado sometido a múltiples vaivenes durante la última década dando lugar con ello a una regulación confusa del derecho a la atención sanitaria cuya principal y más grave consecuencia ha sido la generación de una serie de barreras discriminatorias de carácter administrativo que afectan de forma particular a algunos de los colectivos más vulnerabilizados al dificultar o impedir su acceso a la atención sanitaria.

Nuestros equipos han registrado 243 casos de menores y 112 de mujeres embarazadas, además de, al menos, 166 facturaciones o firmas de compromiso de pago por atención en urgencias. Para estos tres supuestos de especial vulnerabilidad, la legislación previa a 2012 reconocía el derecho a la atención sanitaria a toda persona extranjera que se encontraba en España. Sin embargo, el RDL 7/2018 omitió toda referencia a estas excepciones y abrió con ello la puerta a interpretaciones restrictivas por parte de las administraciones autonómicas que, como en la Comunidad Autónoma de Madrid o en Galicia, se traduce en la negación de la atención a personas en esta situación.

Cuando acreditar tu resistencia efectiva es imposible todo se complica porque las personas migrantes en situación irregular no pueden ver reconocido su derecho a la atención sanitaria. El empadronamiento es la única manera de acreditar que llevan viviendo más de 3 meses en España, pero tramitarlo no siempre es sencillo, especialmente si no se cuenta con pasaporte en vigor o no puedes demostrar que tienes domicilio físico en el municipio en cuestión.

Y aun cuando la persona cumple con los requisitos legales, la burocratización del derecho de acceso al sistema sanitario dilata el reconocimiento de este y el acceso a la atención sanitaria. Esto es especialmente significativo en tres casos:

• Con las personas solicitantes de asilo, en primer lugar porque el sistema de asilo español lleva años colapsado, y también por lo habitual de que el sistema sanitario les exija otros requisitos, como el de estar empadronados.
• Con el retraso en la tramitación de las tarjetas sanitarias. La Comunidad Autónoma de Madrid ha llevado al extremo de la burocratización el acceso al sistema sanitario con la creación de 7 centros de gestión administrativa cuyas citas se dan a varios meses vista. Esto prolonga el tiempo en que una persona permanece sin atención sanitaria a pesar de cumplir los requisitos legales y supone una flagrante vulneración de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
• Imposibilidad de cita con trabajo social. Cualquier persona migrante que no lleve 90 días en España podrá acceder a la atención sanitaria pública si consigue un informe favorable de servicios sociales que acredite que tiene voluntad de vivir en España, como alternativa para limitar las situaciones de exclusión, pero esta opción está inoperativa con el colapso que sufren servicios sociales.

Médicos del Mundo hemos documentado 2488 casos de personas que no han podido empadronarse y a quienes como consecuencia, se les niega el derecho a la atención sanitaria.

La imposibilidad de acreditar otros requisitos administrativos sería otra de las barreras que afecta principalmente a personas extranjeras que vienen a España a cursar sus estudios y personas mayores que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar con sus hijos o hijas que llevan años viviendo en nuestro país. Desde entonces, estas personas se encuentran en una situación de absoluta exclusión sanitaria. Ejemplo de ello son los 87 casos documentados por Médicos del Mundo para este informe.

Las otras barreras

La distancia al centro de salud más cercano y la falta de transporte adecuado son barreras físicas. También lo son los horarios de atención restringidos que imposibilitan a las personas acudir en su jornada laboral. En nuestro informe hemos recogido 1011 casos de este tipo de barreras que afectan principalmente a personas que viven en zonas de asentamientos e infraviviendas fuera de los núcleos urbanos.

También hemos registrado 1417 casos de barreras económicas, que se presentan cuando la situación de vulnerabilidad de las personas las obliga a elegir entre su salud y otras necesidades básicas. Es el caso de facturaciones por la atenciones en urgencias, de las barreras físicas o administrativas que derivan en económicas (coste de transporte o de solicitudes administrativas), y de la dificultad de acceder a medicamentos.

De igual modo hemos recogido 545 casos de personas afectadas por la falta de una información adecuada sobre la atención, los requisitos o el propio funcionamiento del sistema. De igual modo, hemos encontrado 1479 casos en los que el acceso también se ha visto obstaculizado por dificultades lingüísticas, a pesar de los servicios telemáticos con los que cuentan la mayoría de las Comunidades Autónomas. En ambos casos estaríamos ante barreras informativas.

Finalmente, las barreras culturales por el efecto disuasorio que produce un sistema de salud que no es culturalmente adaptado a las necesidades específicas de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad porque se traduce en un limitado acceso al mismo. De estas barreras hemos documentado 1034 casos.

Estas dificultades que limitan o impiden el acceso efectivo al sistema sanitario son consecuencia de años de políticas de regresión en derechos y de recortes en la sanidad pública que no han sido debidamente corregidas.

Desde Médicos del Mundo insistimos en que el Estado español, en sus distintos niveles nacional, autonómico y local, tiene la obligación de avanzar en la eliminación de todas estas barreras, garantizando la accesibilidad al sistema sanitario, en especial por lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.

Recomendaciones:

Con el fin de avanzar en la eliminación de las barreras de acceso al SNS identificadas en este informe recomendamos:

Al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados:

• Recuperar, en el Proyecto de Ley de medidas para la cohesión, universalidad y calidad del SNS, actualmente en trámite ante el Congreso de los Diputados, la redacción del artículo 3 de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud previa a 2012, reconociendo el derecho a la atención sanitaria en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa. Asegurar en todo caso la atención con cargo a fondos públicos a menores de edad, mujeres embarazadas y atención en urgencias.
• Garantizar, mediante el desarrollo reglamentario del citado Proyecto de Ley, un procedimiento para la solicitud y reconocimiento del derecho a la atención sanitaria homogéneo en todo el territorio nacional. Desvincular la residencia efectiva del empadronamiento como único medio de prueba.
• Modificar la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para extender la exención del copago a las personas extranjeras sin autorización de residencia que se encuentren en alguna de las situaciones de especial vulnerabilidad del artículo 102.8.
• Reforzar la Oficina de Asilo y Refugio con medios suficientes para poner fin a los retrasos en el sistema de citas. Reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos desde la primera manifestación de voluntad de solicitar protección internacional.

A las Comunidades Autónomas:

• Garantizar que los distintos centros sanitarios cuentan con servicios de traducción e interpretación, así como con personal de mediación intercultural que facilite el acceso a información comprensible y adaptada culturalmente.
• Reforzar los servicios sociales locales y autonómicos, así como el personal de trabajo social de los centros sanitarios para poner fin a su colapso. Desvincular el empadronamiento de la persona de la posibilidad de pedir cita con trabajo social.
• Abstenerse de crear procedimientos paralelos o adicionales para que las personas extranjeras soliciten su derecho a la atención sanitaria, garantizando la igualdad en el procedimiento entre toda la ciudadanía. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, eliminar las Unidades de Tramitación de la tarjeta sanitaria, devolviendo estas competencias a los centros de salud de referencia.
• Formar a las personas trabajadoras del sector sanitario para que conozcan y apliquen adecuadamente la normativa relativa al acceso al Sistema Nacional de Salud.
• Elaborar e implementar protocolos sanitarios específicos sobre la atención a personas migrantes, con perspectiva de género y enfoque antropológico.
• Asegurar la conexión mediante transporte público entre las áreas rurales, incluyendo las zonas de asentamientos informales.