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Declaración conjunta: La futura UE debe defender el derecho de asilo en Europa

Noticias 09.07.2024
Parlamento Europeo

Para garantizar que las personas refugiadas puedan acceder a la protección, los estados deben garantizar el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él y cumplir sus compromisos con el sistema internacional de protección de refugiados. Esta obligación se aplica a todos los estados miembros de la UE en virtud del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, los recientes y crecientes intentos de la UE y sus Estados miembros de eludir sus responsabilidades en materia de asilo mediante la externalización de la tramitación del asilo y la protección de las personas refugiadas corren el riesgo de socavar el sistema de protección internacional. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos abajo firmantes están alarmadas por estos acontecimientos e instan a la UE y a sus Estados miembros a salvaguardar el derecho de asilo territorial en Europa.

Los debates sobre la externalización del asilo no son nuevos, y han sido constantemente criticados, impugnados y rechazados a lo largo de los años. La propia Comisión Europea descartó la viabilidad jurídica de tales modelos en 2018, describiéndolos como «ni deseables ni factibles». Las necesidades globales de protección son mayores que nunca y los países de renta baja y media acogen al 75% de las personas refugiadas del mundo. A pesar de ello, recientemente han aumentado las propuestas para transferir la tramitación de las solicitudes de asilo, o incluso la responsabilidad de proporcionar protección, a países no pertenecientes a la UE.

Italia, por ejemplo, está intentando tramitar las solicitudes de asilo de determinados grupos de solicitantes fuera de su territorio, a partir de la detención en Albania, lo que corre el riesgo de conducir a una detención prolongada y automática, a la denegación de acceso a procedimientos de asilo justos con las garantías procesales necesarias y al retraso en el desembarco de las personas rescatadas o interceptadas en el mar. Otros países, como Dinamarca y Alemania, están evaluando la viabilidad de este tipo de acuerdos. 15 de los Estados miembros de la UE y algunos grupos políticos han respaldado medidas similares de poca visión de futuro para trasladar la tramitación del asilo fuera del territorio de la UE y han animado a la Comisión Europea a estudiar formas de facilitarlo mediante nuevas reformas legislativas, incluso mediante un concepto diluido de «tercer país seguro».

Estos intentos deben considerarse en el contexto de los esfuerzos paralelos de contención que tratan de frenar las salidas e impedir la llegada de solicitantes de asilo al territorio de la UE mediante acuerdos de asociación con terceros países, sin prestar apenas atención al historial de derechos humanos de dichas autoridades. En los últimos años, la Comisión Europea ha seguido eludiendo el escrutinio público o parlamentario y los marcos legislativos de la UE al concluir acuerdos cada vez más controvertidos y poco transparentes con países no pertenecientes a la UE, ofreciéndoles grandes sumas de dinero sin auténticas salvaguardias de los derechos humanos ni mecanismos de supervisión, con el objetivo de contener y disuadir la migración y el movimiento de las personas refugiadas hacia la UE, aparentemente a cualquier coste humano.

Costes humanos de la externalización

Los intentos de externalizar el asilo a terceros países son una manifestación de la flagrante elusión por parte de los Estados de su responsabilidad legal respecto a las personas que necesitan protección. La externalización de la tramitación y la protección del asilo a terceros países que no pueden proporcionar una protección efectiva o que ya acogen a personas refugiadas de forma desproporcionada, es incompatible con el objetivo y el espíritu de la Convención sobre los Refugiados. También ofusca la jurisdicción y la responsabilidad, dificultando el acceso de las personas a la justicia cuando se violan sus derechos. En los casos en que se ha puesto a prueba la tramitación extraterritorial del asilo, ha causado un sufrimiento humano y unas violaciones de derechos inconmensurables.

En particular, el régimen de detención extraterritorial de Australia demuestra cómo estos modelos han creado confinamientos prolongados y restringido la libertad de movimiento, perjudicando profundamente la salud mental y física de las personas que buscan protección. Como consecuencia, se producen constantes violaciones de los derechos humanos, como la imposición de condiciones que equivalen a un trato inhumano y degradante, el abandono, la falta de acceso a asistencia letrada, la falta de identificación de necesidades específicas y de apoyo a las mismas, y la separación familiar. Esto debería haber servido de advertencia.

Pero los intentos más recientes -como el plan de asilo Reino Unido-Ruanda, que aún no ha entrado en vigor después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido lo declarara ilegal y que, en cualquier caso, es poco probable que se ponga en marcha a una escala significativa- ya han provocado la detención de personas y su permanencia en un perjudicial limbo jurídico bajo amenaza de expulsión. El envío de solicitantes de asilo a Ruanda y a otros terceros países incumple las obligaciones de los países de llegada en virtud de las normas internacionales sobre refugiados y socava su compromiso con el Estado de derecho.

Las falsas promesas de la UE y los Estados miembros de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el contexto de los acuerdos de externalización no son más que palabras vacías. Como demuestra el amplio historial de violaciones de los derechos humanos en países socios como Libia, la UE y los Estados miembros carecen de herramientas y competencias adecuadas para supervisar o hacer cumplir eficazmente las normas de derechos humanos fuera del territorio de la UE.

Más allá del terrible coste humano, estos acuerdos también tienen un impacto en la administración y el coste de los sistemas de asilo: se prevé que los intentos del Reino Unido de expulsar a la fuerza a personas a Ruanda cuesten la asombrosa cifra de 1,8 millones de libras esterlinas por solicitante de asilo devuelto. Esto no es sólo un despilfarro injustificable de dinero público, sino también una oportunidad perdida de emplearlo en formas que realmente ayudarían a las personas que buscan asilo, invirtiendo en sistemas de asilo justos y humanos, y en las comunidades que los acogen.

Efectos multiplicadores de la elusión de responsabilidades

La viabilidad política de los acuerdos de externalización también ha sido muy cuestionada, dada la reticencia de terceros países a asumir la responsabilidad de los solicitantes de asilo o refugiados que Europa se niega a acoger. La externalización de la tramitación del asilo y la protección de los refugiados envía una peligrosa señal a los países del Sur global sobre la negativa de los países de la UE a asumir sus responsabilidades con las personas refugiadas y hacer lo que les corresponde. Lejos de mostrar solidaridad internacional, la UE intenta hacer recaer sus responsabilidades en países que ya acogen a la mayoría de las personas refugiadas, a menudo con muchos menos recursos, una política que no conduce necesariamente a aumentar la influencia mundial, el objetivo declarado de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, el bloque está reduciendo la ayuda no relacionada con la migración que ofrece a los países socios, reorientando la ya escasa ayuda a los esfuerzos para prevenir la migración y gastando gran parte de la ayuda al desarrollo en programas nacionales. Casi el 17% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la UE se destina a sufragar los costes de la población refugiada en el país donante, lo que significa que nunca sale de sus territorios. Las relaciones comerciales o en materia de visados también se han convertido en moneda de cambio en polémicos acuerdos con países no pertenecientes a la UE para presionarlos a cumplir los objetivos migratorios internos de la UE.

Esta falta de compromiso con el reparto de responsabilidades, los tratados internacionales y el sistema global de protección de personas refugiadas no pasa desapercibida para los países socios, y corre el riesgo de minar su voluntad de proporcionar protección: ¿por qué se incentivaría a otros grandes países de acogida de personas refugiadas a asumir la responsabilidad de la UE en materia de protección de refugiados, cuando la propia UE se niega a defender el derecho a solicitar asilo en su territorio? El posible efecto dominó podría ser devastador para la protección de las personas refugiadas en todo el mundo.

La futura UE debe defender el derecho de asilo en Europa

Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado claramente su profunda preocupación por las reformas recientemente acordadas en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo. Sin embargo, el traslado de los y las solicitantes de asilo fuera del territorio de la UE para la tramitación del asilo y la protección de las personas refugiadas no está previsto en el Pacto ni en la legislación comunitaria vigente. Después de que la UE y los Estados miembros hayan pasado casi una década intentando reformar el sistema de asilo de la UE, ahora deben centrarse en aplicarlo con un enfoque centrado en los derechos humanos que dé prioridad al derecho de asilo según la legislación de la UE y los principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados a los que siguen vinculados. No deberían, sólo unas semanas después de que se haya aprobado la reforma, perder más tiempo y recursos en propuestas que son incompatibles con el derecho europeo e internacional.

 

 

Firmado:

ActionAid International

Adopt a Revolution

AGDDS

AMERA International

Amnesty International

APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)

Asociación de Mujeres migrantes y refugiadas Tierramatria

Asociación Elin

Asociación Rumiñahui

Bedsteforældre for Asyl

Brot fuer die Welt

Caleidoscopia

Caritas Europa

Casa do Brasil de Lisboa

CCFD-Terre Solidaire

CEAR

Centre for Peace Studies

Christian Council of Norway

Churches’ Commission for Migrants in Europe, CCME

Ciré asbl

CNCD-11.11.11

Commission on Migration of the European Baptist Federation

CONVIVE – Fundación Cepaim

CRLDHT

Danish Refugee Council

Danish United Nations Association / FN-forbundet

DIGNITY

Ellebæk Contact Network

EuroMed Rights

Europe Cares eV.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

European Evangelical Alliance (EEA)

European Network on Statelessness

Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI)

Finnish Refugee Advice Centre

Finnish Refugee Council

Foundation for the Promotion of Rights, Algeria

Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty

Fundacja Right to Protection

Geloof & Samenleving

Greek Council for Refugees (GCR)

HIAS Europe

Human Rights Legal Project

Human Rights Watch

I Have Rights

International Rescue Committee

Irídia-Center for the Defense of Human Rights

iuventa-crew

JRS Europe

Justice & Peace Netherlands

La Cimade

LeaveNoOneBehind

LGBT Asylum

Ligue des droits humains Belgique

Lysfest for Humanisme

Médecins du Monde International Network

Migration Consortium

Migration Policy Group

Mission Lifeline International.e.V.

Movimiento por la Paz, MPDL

Novact

Ocalenie Foundation

Oxfam

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants – PICUM

Polish Migration Forum

Polska Akcja Humanitarna

PRO ASYL

r42-SailAndRescue

RECOSOL – Rete delle Comunità Solidali

RED ACOGE

Refugee Legal Support (RLS)

Refugees Welcome

RESQSHIP e.V.

Salud por Derecho

Save the Children

Sea-Watch

Seebrücke

Servicio Jesuita a Migrantes España – SJM

Små Broer

SOLIDAR

SOS Humanity

SOS Racism Denmark

Statewatch

Stowarzyszenie Egala / Egala Association

Svenska Kyrkan (Church of Sweden)

United Against Inhumanity

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vores Asylbørn

Zusammenland gUG