LANDING PRUEBAS REAR

Diferentes tratados y convenciones como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen el derecho de toda persona a la salud y la asistencia médica bajo los principios de igualdad y no discriminación.

No obstante, en España desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril – así como el Real Decreto 1192/2012 que lo desarrolla – las personas migrantes en situación irregular han perdido el derecho de acceso a la asistencia sanitaria normalizada del que disfrutaban hasta ese momento. Esta regresión de derechos ha exacerbado aún más la situación de exclusión de este colectivo que ya antes de 2012 encontraba en la práctica numerosos obstáculos para acceder de manera efectiva a los servicios de atención sanitaria.

El RDL 16/2012 no sólo ha afectado a personas de origen extranjero. Así, la exclusión de determinados medicamentos de la lista de los financiados públicamente y la profundización en el sistema de copagos ha tenido consecuencias para la población general, en especial sobre los grupos sociales más vulnerables, poniendo en serio riesgo su derecho a la salud.

En varios países, los grupos sociales ya de por sí debilitados antes de la crisis (migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, personas usuarias de drogas, personas en situación de prostitución, personas desfavorecidas con ciudadanía europea y personas sin hogar) sufren la reducción e incluso la privación de las redes de protección y de las redes sociales que les garantizaban una atención de base. Los mecanismos de cobertura médica se han deteriorado, dejando un gasto sanitario cada vez mayor a cargo de los pacientes, aunque no tengan recursos financieros, en un contexto de creciente necesidad para un número cada vez mayor de personas en situación de precariedad. Esta injusticia pone en tela de juicio la base social de la solidaridad en Europa y debe combatirse.

Nuestra actividad se ha visto marcada por la actividad desarrollada para hacer frente a los efectos del RDL 16/2012, enfocando nuestros proyectos a favorecer el acceso a los servicios socio-sanitarios. Las actividades del programa se llevan a cabo generalmente desde nuestros dispositivos fijos aunque también se realizan intervenciones a través de las unidades móviles o en colaboración con otras entidades, destacando los programas de intervención comunitaria que dan una respuesta integral.

Como profesionales sanitarios, seguiremos dando atención médica adecuada a todas las personas independientemente de su situación social o administrativa y de las barreras legales que existan. Rechazamos todas las medidas legales restrictivas que alteran la ética médica y exhorta a todos los profesionales sanitarios a proporcionar atención a todos los pacientes.