Sudán del Sur

Tras décadas de conflicto, la República de Sudán del Sur se proclama independiente de Sudán el 9 de julio de 2011, convirtiéndose así en el país más joven del mundo. Tan sólo dos años después de su independencia, se inicia una guerra civil entre las tropas progubernamentales y las fuerzas de la oposición con un trasfondo de violencia entre las dos principales etnias: dinka y nuer. Este conflicto, unido a la inseguridad y a los desastres naturales en la zona, provocó desplazamientos masivos de población, con cerca de dos millones de personas huidas de sus hogares. En febrero de 2020 ambas facciones alcanzaron un pacto para la formación de un gobierno de unidad nacional, que marca el inicio de la transición política. Sin embargo, la violencia intercomunitaria no ha cesado y el país continúa inmerso en una grave crisis humanitaria, con un incremento de más del 300% de violaciones de derechos humanos solo en el primer semestre del año respecto al año anterior, documentadas por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur. Estas violaciones incluyen asesinatos arbitrarios, lesiones, secuestros, violencia sexual relacionada con el conflicto, arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, reclutamiento militar forzado, saqueo y destrucción de propiedad civil. 

Todo ello, unido a la inseguridad generalizada, la debilidad de los servicios de salud pública y la falta de financiación explica que el país enfrente algunos de los peores indicadores de salud del planeta, con altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil, desnutrición infantil severa y una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo, con 1.150 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Además, solamente un 43% de las instalaciones sanitarias del país están operativas y cuatro de cada cinco centros de salud están a cargo de ONG y dependen de la disponibilidad de fondos humanitarios. A todo ello hay que sumar las inundaciones de los dos últimos años, que han provocado efectos devastadores para la población, provocando más de 135.000 personas afectadas en Jonglei. 

Desde nuestra llegada al país en 2017, hemos centrado la intervención en el Estado de Jonglei, uno de los más afectados por conflictos e inundaciones. Inicialmente pusimos en marcha varias acciones orientadas a la reducción de la mortalidad materno infantil y al refuerzo de los servicios nutricionales y de salud reproductiva en el hospital de Bor (Distrito de Bor South), ampliando en 2019 con nuevos proyectos en los distritos de Duk y Twic East. Las actividades están orientadas al fortalecimiento del debilitado sistema público de salud, así como a incorporar nuevos servicios de salud mental y atención psicosocial. 

Debido al COVID-19 y a otras infecciones recurrentes en la zona, en las unidades sanitarias en las que trabajamos hemos reforzado los protocolos de protección de infecciones y las estrategias de sensibilización dirigidas a la población, desarrollando acciones de promoción de la salud y de mitigación de riesgos de contagio. 

Las actividades de atención primaria a través del desplazamiento de clínicas móviles se mantienen, debido a que gran parte de la población de los tres distritos en los que estamos se encuentra ubicada en zonas de difícil acceso. 

En colaboración con el Ministerio de Salud y la organización local Sudan Medical se asegura la disponibilidad y formación del personal de salud, así como la provisión de medicamentos esenciales y suministros médicos en el Hospital Estatal de Bor y en los centros de salud. Dichos establecimientos se han mejorado, rehabilitando sus infraestructuras y dotándoles de suministros básicos de agua, saneamiento y energía para su adecuado funcionamiento. Asimismo, aseguramos el funcionamiento de unidades médicas móviles para atender a las personas más vulnerables en lugares remotos de difícil acceso.