Guatemala

Médicos del Mundo trabaja en Guatemala desde 1994, cuando brindó asistencia y acompañamiento a los primeros retornados, refugiados guatemaltecos que venían de México hasta Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula y Ciudad de Guatemala. Centra sus acciones en el fortalecimiento de la salud pública, con un enfoque de género y derechos humanos. Actualmente las acciones se enmarcan en tres ejes de trabajo: la migración y desplazamiento forzado, los derechos sexuales y reproductivos -incluyendo prevención y atención de la violencia basada en género- y la respuesta a emergencias, incluyendo la desnutrición.

Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, sin embargo, padece uno de los niveles de desigualdad más altos. La mayoría de la población es indígena y perteneciente a los pueblos maya, garífuna y xinca, esta diversidad lo hace un país de una riqueza humana inmensa y de una identidad cultural propia, sin embargo el 79,2 % de los hogares indígenas de áreas rurales viven en condiciones de pobreza y cerca del 40% de ellos vive en la pobreza extrema.

Es el primer país en Latinoamérica y el sexto en el mundo en casos de desnutrición infantil con poblaciones indígenas y rurales desproporcionadamente afectadas. El 46,5% de los niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica y retraso en el crecimiento, afecta al 58% de los niños indígenas y al 66% de los niños en el quintil de ingresos más bajos.

La violencia, en sus diferentes manifestaciones, continúa impactando a la población y desproporcionadamente a mujeres, niñas y adolescentes. Los casos de homicidios en mujeres y de mujeres desaparecidas se han incrementado.

La situación de movilidad humana ha empeorado y la población migrante cada vez debe enfrentar mayores riesgos para ejercer sus derechos, tanto en el tránsito hacia el norte, donde las rutas cada vez son más peligrosas, como en el retorno. El número de personas guatemaltecas retornadas se ha duplicado de 19.000 en los cinco primeros meses de 2021 a 41.000 en el mismo periodo de 2022, aumentando los riesgos y necesidades de protección.

El desplazamiento interno forzado no es reconocido por el Gobierno ni por la población, pero va en aumento debido a la violencia, los impactos del cambio climático y los conflictos con grandes empresas por la defensa del territorio.

En el 2022 aún no se había superado la pandemia COVID-19 y se contrajo la economía afectando al empleo, al sistema escolar y al sistema de salud que continua con reducción de presupuesto y de servicios, saturación de hospitales y urgencias, desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos para la atención, así como la escasez de personal.

A todo lo anterior hay que sumar los impactos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania que han generado un incremento en los precios de los alimentos y combustibles (incluido el gas propano de uso doméstico) y de las sucesivas emergencias climáticas que afectaron durante el año. Con todo esto, la crisis de salud aún no está superada, las mejoras son inestables y es urgente aplicar medidas para evitar un deterioro mayor de la situación de salud de la población.

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