Médicos del Mundo Castilla y León

Entre las actividades que desarrollamos en Castilla y León, destacamos la atención a personas con dificultades para acceder a la atención sanitaria por obstáculos legales, administrativos y de información. Por ello, realizamos acciones sobre el derecho a la salud dirigidas a personas migrantes, así como a titulares de responsabilidades.

A través de los programas de prostitución y trata con fines de explotación sexual llevamos a cabo nuestro trabajo en los contextos de prostitución, acompañando a las mujeres en sus diversos procesos vitales, trabajando en el acceso a derechos así como a servicios y recursos, y sumando esfuerzos en el trabajo en red con otras entidades. De la misma manera, llevamos a cabo acciones de formación y sensibilización dirigidas a profesionales del ámbito sociosanitario.

En todos los ámbitos, trabajamos para combatir las injusticias apostando por la Educación para la Transformación Social (EPTS), es decir, por la eliminación de las desigualdades a través del fomento de la participación y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con los derechos humanos.

Entendemos la EPTS como el desarrollo de procesos educativos que incorporan una mirada crítica, vivencial y emancipadora hacia las causas que provocan dichas desigualdades e injusticias. En este marco, desarrollamos proyectos con infancia, juventud y ciudadanía sobre derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y género en diferentes contextos formales y no formales. En los últimos años se ha apostado por la implementación de proyectos centrados en las artes como herramienta de cambio social: fotografía, teatro, literatura, cine...

En el contexto actual en el que nos encontramos, y desde nuestra experiencia de intervención directa con personas que mayoritariamente han realizado procesos migratorios, observamos que desde que finalizó el Estado de Alarma por la pandemia, se ha producido un deterioro de su situación a varios niveles, así como repetidas vulneraciones de sus derechos.

Desde el punto de vista del Derecho a la Salud, continuamos detectando barreras de acceso al sistema sanitario público tanto de personas adultas como de menores nacionales de países tanto de la Unión Europea como de países extra comunitarios. En este sentido, son destacables los casos de facturaciones de atenciones desde el servicio de urgencias, así como otros casos en los cuales, aun existiendo problemas de salud crónicos, permanecen sin tratamiento ni seguimiento sanitario debido a diversas barreras.

Entre las principales barreras que detectamos, destacamos la dificultad para demostrar el tiempo de estancia en España y en nuestra comunidad autónoma, siendo obligatorio en la Comunidad Autónoma que las personas se encuentren empadronadas para acceder al sistema sanitario. Desde nuestra experiencia, acceder al empadronamiento para muchas de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad es una gran barrera. A ello se suma el desconocimiento del derecho a la atención sanitaria, el miedo ante consecuencias administrativas o de otra índole, barreras lingüísticas, etc.

Además, no podemos olvidar la brecha digital, incrementada al tener que realizar la mayoría de los trámites administrativos y de comunicación con la administración mediante medios telemáticos, sumando la dificultad para la obtención de citas presenciales para la realización de gestiones.

En cuanto al aspecto económico y laboral, estamos detectando una mayor vulnerabilidad debido a la pérdida de puestos de trabajo y a la precarización de los empleos existentes. Lo que conlleva una disminución de los ingresos de la unidad familiar y, en situaciones más extremas, la pérdida de la vivienda y la dificultad para la activación de ayudas económicas de emergencia, así como de alojamiento alternativo. Nos hemos encontrado a titulares de derechos residiendo en situación de calle o en viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, aspecto al que prestamos una especial atención debido al incremento que estamos observando, incluso de solicitantes de protección internacional que no están recibiendo esa cobertura por parte del sistema de protección establecido en la actualidad.

Todo ello está poniendo de manifiesto la gran saturación de sistema de servicios sociales públicos -tanto básicos como específicos- y la insuficiencia de plazas de alojamiento tanto de personas solas como de unidades familiares.

Toda esta situación está afectando a la salud mental y emocional de la población, considerando prioritario dar respuesta a las mismas desde las diferentes titularidades.