América Latina, nueva “zona cero” de la pandemia

Muchos países de América Latina han alcanzado sus récords de contagios y muertes diarias en los últimos días. A la precariedad de los sistemas de salud, la falta de agua y saneamiento y las medidas de confinamiento que ahogan a poblaciones que viven al día, se suman crisis crónicas como la violencia en El Salvador, personas migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la región de camino a Estados Unidos o México y un largo etcétera que hace mirar con temor el alcance de esta crisis sanitaria en la región. 

Una veintena de países que lucha desde hace un siglo por el progreso y la democracia, con sacudidas económicas y sociales, pero siempre con mucho esfuerzo y resiliencia, pone ahora el foco de su lucha en una pandemia que sacude al mundo y que deja ya más de 35.000 muertes y casi 644.000 contagios en esta región. Esta semana la Organización Mundial de la Salud reportó 106.000 nuevos casos en solo 24 horas, la mayor cifra diaria desde el inicio del brote. A la cabeza Brasil con más de 20.000 personas fallecidas y más de 300.000 contagios. Le siguen –por orden- Perú, Chile, Ecuador y México, a fecha de 22 de mayo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alerta en su último informe de que muchas poblaciones de la región viven ya en condiciones crónicas de inseguridad económica y que son ahora muy vulnerables ante la pérdida de ingresos. La CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones) caería en una situación de pobreza extrema ahora, es decir que no podrían satisfacer sus necesidades vitales básicas, como alimento, agua y sanidad.  

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Los grupos especialmente vulnerables a la crisis serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores y trabajadoras informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, menores, adolescentes, jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las personas con discapacidad, migrantes, y las personas sin hogar, según apunta la Comisión. 

Con el fin de evitar un deterioro más grave de las condiciones de vida, Naciones Unidas ha recomendado un ingreso mínimo de emergencia para las personas más vulnerables en América Latina. El propósito es asegurar una canasta de alimentos y otras necesidades básicas durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020: 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional. 

La respuesta debe venir de los gobiernos nacionales, pero también de la comunidad internacional, financiando adecuadamente el Plan de respuesta humanitaria global de Naciones Unidas en el que se solicita 6.710 millones de dólares y que incluye a algunos países de América Latina. Desde Médicos del Mundo subrayamos la importancia de asignar fondos adicionales a los ya presupuestados para apoyar a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la pandemia de la covid-19 en la región. 

Nuestra organización, que trabaja en seis países de la región –México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Bolivia- conoce de primera mano el riesgo de exclusión de una gran parte de la población que vive de empleos informales y que debido al confinamiento pierden su única fuente de ingresos. 

“Las condiciones económicas en Honduras no se prestan para que el 61% de la población se quede en casa. No se pueden permitir ese lujo y han tenido que salir a vender productos”, explica Melisa Raudales, portavoz de Médicos del Mundo en Honduras. 

Además, en un lugar donde hay escasez de agua, la capacidad de seguir las medidas de higiene que combaten el virus es baja. “La mayoría de las personas no pueden comprar mascarillas, un requisito obligatorio por parte del Gobierno”, añade Raudales. 

Además, cabe destacar que las restricciones migratorias de estos países han afectado profundamente a las personas que migran –tan frecuentemente- de un país a otro en la región. Las limitaciones para entrar a países vecinos, las barreras de acceso a servicios básicos y vulneración de derechos fundamentales, como la protección ante todo tipo de violencias, la reunificación familiar y los derechos a la identidad entre otros, las expone en esta crisis a una vulnerabilidad extrema. 

Violencia, incluso con la covid 

A finales de 2019 la violencia obligó a unas 720.000 personas a abandonar sus hogares, casi la mitad de ellas desplazadas dentro de sus países. En Honduras el número ascendía a unas 247.000 personas y en El Salvador a unas 71.500, según datos de ACNUR. Pese a los confinamientos por la pandemia de coronavirus, en Honduras, El Salvador y Guatemala grupos delictivos utilizan los encierros para reforzar su control sobre las comunidades.  

Naciones Unidas ha denunciado un incremento de la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia sexual y de género, así como el uso de desapariciones forzadas, asesinatos y amenazas de muerte contra las personas que no cumplan sus órdenes. 

“En este periodo de cuarentena han aumentado los hechos de violencia contra las mujeres y los feminicidios. También existe el riesgo latente del aumento de la violencia sexual y embarazos forzados en niñas y adolescentes. El abusador en la mayoría de los casos es alguien del círculo cercano” apunta Maleni Mejía, portavoz de Médicos del Mundo en El Salvador. 

Pero en las situaciones de mayor vulnerabilidad, las fuertes redes comunitarias en América Latina demuestran una vez más el poder de la comunidad: “Las mujeres rurales en El Salvador, a través de redes comunitarias, se han organizado para divulgar servicios de atención para la prevención o denuncia contra la violencia, así como para difundir medias de prevención y ayudarse en la canasta de comida”, explica Mejía. 

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¿Qué hace Médicos del Mundo en América Latina para luchar contra la covid? 

Crisis como esta demuestran lo fundamental de contar con sistemas públicos e integrales de salud fuertes y bien dotados, tanto de recursos materiales como humanos, capaces de resistir amenazas masivas a la salud gracias a la respuesta colectiva y con una red de recursos y servicios sociales robusta. Algo que esta asociación ha defendido siempre: un sistema de salud público y universal, para todas y todos. 

En esta crisis sanitaria, hemos activado el convenio de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Haití, Guatemala, Honduras y Bolivia, y además de los sistemas de prevención y control de infecciones y el manejo de casos, se apuesta por la  comunicación de riesgos: asegurar mensajes claros y concisos sobre la covid-19 para evitar la rumorología, los bulos y el estigma social de las personas afectadas, sus familias y el personal sanitario. 

Además, trabajamos en  la  creación de  servicios psicosociales en remoto  para la  protección de la población especialmente  vulnerable (personas  mayores, personas aisladas, víctimas de  violencia  de género, personas con condiciones de salud mental, migrantes en tránsito y menores, entre otros).  En El Salvador también se realiza apoyo psicosocial con personal sanitario. 

Fuera de este convenio de emergencia, en Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela también se forma a personal sanitario en los centros de salud, se provee de suministros médicos y medidas de protección del personal, como equipos de protección individual (EPI). 

Médicos del Mundo en Guatemala forma además a personal de organizaciones de la sociedad civil que presta atención directa a personas retornadas forzadas y personal de centros de protección para sobrevivientes de violencia. En Honduras destaca también la dotación de equipos sanitarios de respuesta y de protección a funcionarios públicos en materia de migración que se encuentran en los centros de atención al migrante retornado, por donde pasan al día unas 200 personas que vuelven al país.