El Territorio Ocupado Palestino y la COVID-19

Un sistema sanitario ya frágil  

Desde hace más de seis décadas, el Estado de Israel ha implementado políticas y prácticas de desplazamiento forzoso sobre una parte de la población Palestina, manteniendo al resto en enclaves urbanos, y convirtiéndolos en apátridas bajo ocupación militar. El sector sanitario palestino se encuentra en un contexto caracterizado por la continua ocupación israelí, bajo una progresiva fragmentación territorial, demográfica, socioeconómica y política del territorio ocupado Palestino y afectado por una crisis humanitaria crónica.  Para las organizaciones que trabajan por el Derecho a la Salud en Palestina, la fragilidad del sistema sanitario palestino es evidente, incluso antes de la pandemia de la COVID-19. Ahora, según los datos del 7 de mayo de 2020, con 526 casos positivos y dos personas fallecidas en Cisjordania, y 20 casos en Gaza, la pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias de un sistema sanitario al borde del colapso.   

Violencia continuada y demoliciones  

El Territorio Ocupado Palestino no se ha quedado al margen de las medidas mundiales de contención de la COVID-19. Se han impuesto restricciones en todo el territorio de Cisjordania, limitando los movimientos, cancelando actividades no esenciales y confinando a las personas en sus domicilios. Con una población que presentaba ya altos niveles de pobreza, dependiente de trabajos diarios y ocasionales, estas medidas tendrán consecuencias extremamente negativas para el los medios de vida y el bienestar de la población palestina. De hecho, incluso antes de la pandemia de COVID-19, el Banco Mundial había previsto un crecimiento negativo de la economía Palestina para 2020 y 2021.   

En los primeros cuatro meses de 2020 ha continuado la demolición de propiedades en Cisjordania. La mayoría de estos inmuebles eran residencias privadas, infraestructuras de agua e instalaciones de saneamiento (tanques de agua y cisternas, grifos y letrinas), fundamentales para la higiene y para la prevención de enfermedades contagiosas. Además, a pesar del cierre de actividades y las restricciones de movimientos en Israel debido a la COVID-19, los actos de violencia hacia personas palestinas por parte de colonos israelís, con la destrucción de árboles y los destrozos de coches han seguido ocurriendo. 

Debido a la COVID-19, las personas que sufren estos actos de violencia tienen un limitado acceso a servicios de salud mental, a pesar de que son muy necesarios. Durante esta crisis, las delegaciones de Médicos del Mundo en el terreno trabajan para que la población pueda acceder a servicios de protección, salud mental y apoyo psicosocial. 

Gaza - Al borde del colapso 

El acceso a la atención sanitaria en Gaza ha ido empeorando en los últimos diez años. La disponibilidad de servicios públicos de calidad en Gaza es cuestionable y, a pesar de que se abren nuevas unidades médicas, algunos componentes esenciales del sistema no son adecuados: faltan medicamentos, equipos médicos y recursos humanos. Durante el segundo trimestre de 2019, solo aproximadamente el 50% de los medicamentos básicos estaban disponibles con un stock de un mes, y el 40% estaban completamente agotados. 

La falta de medicamentos no solo tiene un impacto directo sobre la calidad de los tratamientos médicos, sino que representa un riesgo de salud pública ante brotes de enfermedades infecciosas como la de la COVID-19. Estas deficiencias pueden suponer la diferencia entre vida y muerte para muchos pacientes. En este momento en Gaza hay solo 65 ventiladores y 75 camas de UCI para una población de casi dos millones de personas. Además, hay una enorme carencia de tests de laboratorio y equipos de protección individual (EPI) para frenar el aumento de casos positivos en la Franja de Gaza. El total de los test disponibles en Palestina desde el comienzo de la crisis es de 15.150 unidades, y de estas menos de 2.000 están en Gaza.  

El brote de COVID-19 en Gaza ha tenido un efecto negativo sobre los servicios sanitarios existentes, al paralizar determinados servicios sanitarios. Debido al cierre de los checkpoints, aproximadamente 1.000 pacientes no pueden tener acceso a hospitales fuera de la franja de Gaza; hay más de 4.000 personas en lista de espera para ser sometidos a operaciones de cirugía que ahora serán pospuestas; hay un número estimado de 50.000 personas que están en espera de visitas de ambulatorio. Las delegaciones de Médicos del Mundo en terreno estamos apoyando la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva manteniendo la planificación familiar y de salud mental integral ofreciendo atención psicosocial telefónica.  Además, apoyamos a los hospitales públicos con formaciones en triaje, así como en campañas de información, provisión de EPI y distribución de medicamentos esenciales.  

Derechos de niñas y niños 

Incluso tras la limitación de movimientos y el confinamiento ordenado por la Autoridad Palestina y por el Gobierno Israelí, se han producido más de 20 casos de menores palestinos detenidos desde comienzos de marzo.  

El Estado de Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. El Estado de Israel tiene la obligación de proteger su salud y asegurar su acceso a servicios sanitarios por estar bajo su jurisdicción. No liberar a estas niñas y niños supone ponerlas en riesgo. Por el contrario, la liberación de estas personas detenidas alinearía al Estado de Israel con el cumplimiento de las orientaciones de la OMS y de la ONU sobre medidas de prevención y respuesta a la epidemia de la COVID-19.  

Recomendaciones  

Cualquier respuesta a la COVID-19 debe estar basada en el Derecho a la Salud, incluyendo el  acceso a servicios de salud de la mayor calidad posible y en condiciones de no discriminación. Recordamos a todos los actores involucrados en el conflicto que la sanidad no puede ser politizada o utilizada para alcanzar objetivos no relacionados con la salud.  Las medidas de emergencia sanitaria deben monitorizase para asegurar que no aumentan las privaciones de derechos inalienables palestinos o se emplean para reforzar la ocupación.  

• Como potencia ocupante, el Gobierno de Israel debe reconocer su responsabilidad ante la salud de las personas palestinas residentes en los territorios ocupados y tiene que cooperar con las autoridades palestinas en Cisjordania y Gaza para satisfacer las necesidades de salud. 
• El Gobierno de Israel debe levantar inmediatamente las restricciones impuestas sobre la ayuda sanitaria en Gaza y permitir la provisión de asistencia humanitaria esencial.  
• Durante este periodo, el Estado de Israel debe detener inmediatamente todas las demoliciones de propiedades en el territorio ocupado palestino y asegurar la protección de población Palestina frente a la violencia de los colonos.  
• El Estado de Israel debe imponer urgentemente una moratoria sobre admisiones de menores de edad en prisiones y centros de detención, y ha de buscar alternativas a las penas de privación de libertad para niñas y niños. Debe así mismo liberar a los menores de edad que se encuentran detenidos. 
• Los ministerios pertinentes en Gaza y en Cisjordania deben coordinarse para permitir la entrada de ayuda sanitaria y ayuda humanitaria para la prevención y el control de la COVID-19.  
• Todas las partes deben asegurarse de que las organizaciones humanitarias esenciales para la respuesta a la COVID-19 puedan entrar y salir de Gaza, siempre siguiendo medidas adecuadas de prevención de riesgos de salud pública.  
• Todos los actores tienen que facilitar el trabajo de las agencias humanitarias y mantener la provisión de servicios humanitarios esenciales, incluidos los de salud, refugio, agua, saneamiento e higiene, medios de vida, educación y protección.    
• La Autoridad Palestina debe asegurar el reparto proporcional de los recursos para la atención médica adecuada entre toda la población palestina, incluida la residente en la Franja de Gaza. 
• La comunidad internacional debe asegurar que el Gobierno de Israel respeta el derecho internacional, el derecho humanitario, y los derechos humanos, garantizando el acceso de la población palestina a la atención sanitaria (incluyendo los medios de Prevención y Control de Infecciones) y levantando restricciones. 
• La Comunidad Internacional tiene que apoyar la provisión de ayuda humanitaria, en colaboración con las autoridades locales, a pesar de los riesgos existentes, asegurando que las medidas para la lucha contra el terrorismo no interfieren con la provisión de servicios y bienes esenciales en la franja de Gaza en la respuesta contra la COVID-19.