La salud se asfixia en el campo de batalla
La salud se asfixia en el campo de batalla
Ucrania, 10 de marzo de 2022.- El conflicto armado en Ucrania estalló por primera vez a principios de 2014 y rápidamente se convirtió en una crisis enquistada, con bombardeos y escaramuzas regulares a lo largo de la línea de contacto en el este del país. El 24 de febrero de este año, tras semanas de creciente tensión, el conflicto se intensificó con bombardeos y ataques a las principales ciudades, incluida la capital, Kiev, mientras que las hostilidades preexistentes en los oblast (regiones) de Donetska y Luhanska se han intensificado considerablemente.
Los ataques diarios contra infraestructuras vitales, en particular contra las instalaciones sanitarias, colegios, escuelas infantiles, redes eléctricas y sistemas de calefacción, dejan a la población sin acceso a la educación, la electricidad y las comunicaciones, y ponen a los hogares ucranianos en pleno invierno en una situación crítica.
También se han producido atentados contra instalaciones nucleares. La central nuclear de Chernobyl fue capturada por las tropas rusas el 24 de febrero tras un ataque con tanques que provocó el vertido de material radiactivo debido al desplazamiento del suelo. Los ataques a la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, siguen en curso, y ya se ha producido un incendio.
El conflicto armado está afectando gravemente a las infraestructuras sanitarias, los servicios y suministros médicos. Según Viktor Liashko, ministro de Sanidad de Ucrania, se han destruido 34 instalaciones sanitarias, algunas de las cuales tienen parte de sus edificios en ruinas y están sin suministro de electricidad y agua, mientras que otras no se podrán reparar. La ruptura de la cadena de suministro deja a las personas que necesitan tratamientos médicos en una muy difícil situación. Las farmacias también sufren daños, disponen de muy pocas existencias y la gente no puede aguardar el turno para comprar medicamentos mientras suenan las sirenas antiaéreas.
La población civil está gravemente afectada en plena pandemia
La pandemia de COVID-19 sigue teniendo un gran impacto en el sistema sanitario y en la población: los niveles de incidencia, aunque están disminuyendo, siguen siendo altos y la cobertura de vacunación entre las poblaciones vulnerables sigue siendo insuficiente. Ya se están produciendo la interrupción de la cadena de suministro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la falta de disponibilidad de camas y del oxígeno necesario para el tratamiento de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19.
La comisionada del Parlamento ucraniano para los Derechos Humanos, Lyudmila Denisova, ha informado de que las fuerzas armadas rusas se han apoderado de un internado psiconeurológico en Borodianka, en la región de Kiev, con 600 pacientes con discapacidades intelectuales y/o mentales persistentes que necesitan atención y tratamiento constantes. Según los habitantes de la ciudad, los alrededores del internado han sido minados y los pacientes y el personal se han convertido en escudos humanos.
La capacidad logística está en un punto crítico debido a que no se han establecido corredores humanitarios para evacuar a la población civil, y garantizar su seguridad. Autobuses y coches civiles con personas que huyen han sido atacados, provocando muertos y heridos.
Todos estos ataques mencionados anteriormente constituyen una violación de las normas de la IV Convención de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo: Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 18 de octubre de 1907, y de la IV Convención de Ginebra sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949.
La población civil y los hospitales, colegios, espacios deportivos, entre otras instalaciones civiles, incluidas las infraestructuras civiles esenciales, no deben ser objeto de ningún ataque. El derecho internacional humanitario también obliga a las partes a tomar las medidas de precaución posibles para evitar, y en todo caso minimizar, la pérdida incidental de vidas civiles, las agresiones a la población civil y los daños a objetivos civiles. En otras palabras, las zonas residenciales no pueden ser objeto de ataques ni utilizarse como escudos. Del mismo modo, las infraestructuras civiles utilizadas para proporcionar a la población civil servicios esenciales, como el agua, la electricidad y el gas, no deben ser atacadas ni correr el riesgo de ser dañadas o destruidas como consecuencia de la presencia militar en las cercanías.
En virtud de la IV Convención de Ginebra y de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre protección del personal y las instalaciones sanitarias, las unidades médicas, como los hospitales y otras instalaciones que se han creado con fines médicos, deben ser respetadas y protegidas en todas las circunstancias. Las unidades médicas no pueden ser atacadas y el acceso a ellas no puede ser limitado.
Los continuos combates siguen cobrándose vidas, hiriendo a la población y perturbando la situación económica y las redes y estructuras sociales. La acción más importante que puede evitar un mayor sufrimiento a la población civil es el cese inmediato de las hostilidades y el mantenimiento del alto el fuego. Además de las víctimas, el trauma psicológico se agrava con el paso del tiempo, ya que la gente resiste hasta el límite de su propia supervivencia, tanto desde el punto de vista psicológico como financiero.
Médicos del Mundo expresa su extrema preocupación por la situación de peligro para la vida y la salud de la población civil y pide que se tomen las siguientes medidas:
Detener inmediatamente las hostilidades e iniciar negociaciones.
Abrir corredores humanitarios y garantizar la seguridad para la evacuación de la población civil.
Poner fin a los ataques contra las infraestructuras esenciales, en particular las instalaciones sanitarias
Proteger a la población civil de ataques y agresiones.
Proporcionar un acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda humanitaria a las zonas afectadas y garantizar la seguridad del personal humanitario para que las organizaciones humanitarias puedan realizar su trabajo.
Condenar el uso de ataques con armas indiscriminadas en zonas pobladas y exigir a las partes en conflicto y a los gobiernos que las apoyan que respeten el Derecho Internacional Humanitario y la IV Convención de Ginebra, que protegen los derechos de las personas civiles durante los conflictos armados.
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