Visibilizamos en el Congreso las piedras en el camino de las supervivientes de trata y/o explotación sexual

Médicos del Mundo ha comparecido hoy en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones, los resultados y las recomendaciones que recoge en los informes Para acceder a derechos: acreditación de víctimas de trata y explotación sexual y Para acceder a derechos: empadronamiento e inclusión financiera de víctimas de trata y explotación social.

A través de estos documentos, visibilizamos las barreras que aún persisten y que impiden a las supervivientes de trata y de explotación sexual garantizar su recuperación, integración y reparación. Y es que precisamente estos informes están dirigidos a la administración pública con competencias en esta materia. “Recogen conclusiones de interés y recomendaciones que deberían tenerse muy en cuenta en el proceso de elaboración de una futura ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos”, explicaba Ana Durán, nuestra directora de Programas Estatales y Autonómicos, ante los y las diputadas.

Acreditación de víctimas y supervivientes de trata: principales conclusiones

El proceso de acreditación es un procedimiento imperfecto y supone el inicio de una carrera de fondo marcada por barreras administrativas que no logra facilitar la recuperación y reparación de las supervivientes de trata y explotación sexual. El acceso a este sistema es algo fundamental para ellas, ya que es la llave de acceso a derechos básicos, como son ayudas económicas, empadronamiento, asistencia sanitaria o la posibilidad de abrir una cuenta bancaria gratuita. Pero en la práctica, son numerosos los obstáculos que experimentan para acceder a estos derechos

Entre las razones destacan:

• Falta de aplicación homogénea a nivel estatal. “Cada comunidad autónoma establece sus propios procedimientos y recursos, lo que genera una grave desigualdad territorial”, alertaba Durán. Esto provoca situaciones en las que una mujer puede ver reconocidos sus derechos en una región, pero quedar desprotegida al trasladarse a otra, obligándola a empezar de nuevo un proceso largo y revictimizante.
• Además, el modelo actual vincula casi exclusivamente la acreditación a la obtención de ayudas económicas, dejando de lado su valor simbólico y reparador. Aquí nuevamente hay desigualdad entre territorios ya que mientras en unos facilita la percepción de ayudas económicas de ámbito autonómico o municipal (como las rentas mínimas de inserción), en otras, además, pueden acceder a programas y becas de formación, recursos de alojamiento seguro o vivienda protegida.

“Como vemos, se trata de un procedimiento complejo y confuso, que no ha logrado una aplicación uniforme u homogénea en las diferentes comunidades autónomas. Todo ello genera inseguridad, estigmatización y revictimización. Y en la práctica supone que los derechos reconocidos en la normativa vigente, no siempre se materializan en la vida de las mujeres”.

Empadronamiento e inclusión financiera: principales conclusiones

A las barreras ya existentes se suman dos factores clave que dificultan la inclusión social de las supervivientes de trata y explotación sexual: el empadronamiento y el acceso a cuentas bancarias básicas.

El empadronamiento, que es un derecho y una obligación legal que “las administraciones deben facilitar y no obstaculizar”, sigue siendo inaccesible para muchas mujeres. Esto se explica por la imposibilidad de firmar contratos de alquiler, vivir en clubes o no contar con un domicilio estable. Esto limita su acceso al sistema sanitario, a ayudas sociales y a la regularización documental.

En el caso de las cuentas bancarias básicas, suponen una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la inclusión financiera de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que les permite hacer pagos o domiciliar recibos y recibir ingresos o prestaciones sociales. Y todas las entidades bancarias que ofrecen cuentas corrientes están legalmente obligadas a proporcionar cuentas de pago básicas. “Pero, la realidad no es así, y las entidades continúan aplicando criterios restrictivos que vulneran la normativa vigente, exigiendo documentación innecesaria, cobrando comisiones indebidas o imponiendo la contratación de productos financieros adicionales”, explicaba Durán durante su intervención.

Nuestras recomendaciones

• Aprobar una ley orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que establezca procedimientos de detección, acreditación e identificación garantistas y reconozca el rol de las entidades sociales especializadas.
• Garantizar que las supervivientes migrantes en situación administrativa irregular puedan acceder, de manera eficaz y no revictimizante, al sistema de acreditación administrativa.
• Homogeneizar la aplicación del procedimiento de acreditación administrativa entre las distintas CCAA para evitar desigualdades y promover la definición del catálogo de medidas asistenciales que pueden solicitar las supervivientes.
• Reconocer el estatus de víctima no solo como requisito para acceder a recursos y ayudas, sino como acto de reparación y dignificación.
• Reforzar el papel de las entidades sociales especializadas en la detección y acompañamiento, garantizando la validez de sus informes de detección en todo el territorio del estado.
• Supervisar el cumplimiento de la normativa en vigor para que los ayuntamientos garanticen el empadronamiento de personas migrantes en situación administrativa irregular.
• Modificar la normativa sobre la gestión del padrón municipal con el fin de mejorar la aplicación de la figura de empadronamiento social a las mujeres en contextos de prostitución y a las víctimas de trata y/o explotación sexual.
• Reformar el Real Decreto 164/2019 para contemplar la inclusión financiera de las mujeres en contextos de prostitución y las víctimas de trata y/o explotación sexual (como población en situación de vulnerabilidad) y facilitar su acceso cuentas de pago básicas en régimen de gratuidad.