Llegados a la mitad de 2026, la situación global se asemeja a una gran olla a presión cuya válvula de escape —las elecciones de medio mandato en Estados Unidos— nadie sabe con certeza si funcionará o no.
Que esa válvula funcione equivaldría a que el Partido Republicano perdiera el control de una o de ambas cámaras legislativas, limitando así la capacidad de la administración de Donald Trump para seguir impulsando políticas que cuestionan el sistema multilateral de gobernanza, debilitan la democracia y los derechos humanos y erosionan, de forma particular, el Derecho Internacional Humanitario.
Más allá de cualquier especulación, el resultado de esas elecciones podría enviar al mundo una señal de freno a esta ola anti derechos y ultraliberal en lo económico que pesa como una losa sobre quienes defienden el progreso social, la justicia global y el derecho de todas las personas a vivir con dignidad.
Sin embargo, no podemos depositar nuestras expectativas de cambio en unas elecciones parciales celebradas en un solo país. Las organizaciones sociales tenemos la responsabilidad de mantener la presión sobre gobiernos, instituciones, organismos internacionales y centros de poder capaces de influir en la resolución de conflictos y crisis humanitarias. No podemos permitir que la imposición por la fuerza, la violencia, el chantaje, el hostigamiento sistemático de poblaciones vulnerables o incluso la limpieza étnica y el genocidio lleguen a aceptarse como formas legítimas de “pacificación” o resolución de conflictos vinculados a la vulneración prolongada de derechos colectivos.
Por diferentes razones, el paradigma de todo lo inadmisible e insoportable se concentra hoy en los territorios palestinos, donde se han sobrepasado todos los límites imaginables.
Pero esta nueva forma de entender la “pacificación” también parece extenderse a otros contextos, como el del Sáhara Occidental. Allí asistimos al progresivo aislamiento diplomático del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, mientras se refuerzan y legitiman las posiciones de Marruecos. Paralelamente, se multiplican los discursos políticos y mediáticos que buscan normalizar la ocupación del territorio y se incorporan tecnologías de inteligencia y vigilancia procedentes de terceros países. A ello se suma la reducción sostenida de la ayuda humanitaria destinada a la población refugiada saharaui en el sur de Argelia, una situación que deteriora gravemente sus condiciones de vida y de salud y que resulta incompatible con las obligaciones de protección que incumben a la comunidad internacional.
Mientras tanto, en nuestro entorno más cercano sufrimos las consecuencias de la creciente presión privatizadora sobre los sistemas de protección social, especialmente sobre la sanidad pública. Los intereses económicos continúan impulsando la mercantilización de servicios esenciales, transformando derechos sociales en bienes sujetos a las reglas del mercado, sin que la respuesta política alcance todavía la dimensión que exige el desafío planteado.
Por último, las políticas migratorias atraviesan una preocupante regresión. La instrumentalización política de la migración contribuye a deshumanizar, cosificar y criminalizar a las personas migrantes, al tiempo que alimenta dinámicas de exclusión que pueden desembocar en sociedades más desiguales, confrontadas y vulnerables al racismo y la xenofobia.
En este contexto, debemos valorar positivamente la decisión del Gobierno de España de avanzar en la regularización administrativa de personas inmigrantes. Sus resultados deberían servir de referencia para impulsar políticas migratorias que garanticen los derechos, la inclusión y la dignidad de todas las personas.
Sumario
04 Informe financiero. 2025 en cifras
06 En portada: Por una sanidad pública y universal
08 Nuestro trabajo aquí Regularización de migrantes
09 Nuestro trabajo allí El miedo vuelve a tener nombre: ébola
10 Desde mi ventana en Kiev, Ucrania
12 50 años de refugio saharaui
14 29 Premio Luis Valtueña: Las imágenes que nos conectan
15 Campaña “Cuando el corazón marca el ritmo”
